Los organismos de inteligencia venezolanos, a diferencia de sus pares de la región y de otros países, no están dedicados a proteger a los ciudadanos de amenazas como el terrorismo, narcotráfico, el crimen organizado o la corrupción, sino que tienen por misión resguardar al Gobierno; para ello, están dispuestos a todo, incluso a cometer gravísimas violaciones a los derechos humanos.
La denuncia la formuló la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela, en su tercer informe sobre la situación del país que presentó el 20 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Ginebra (Suiza). En dicho reporte, la instancia concluye que los crímenes de lesa humanidad ocurridos desde 2014 no son hechos aislados, sino que forman parte de una «política» para «silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno del presidente [Nicolás] Maduro, incluso atacando a personas que, por diversos medios, demostraban su desacuerdo con el Gobierno o eran percibidas como contrarias al Gobierno, y a sus familiares y amigos».
«La información recabada indica que han existido esfuerzos concertados por mantener el poder acudiendo a medios que incluyen la comisión de delitos y violaciones contra personas opositoras al Gobierno o percibidas como tales», se agrega en el documento, de 123 páginas de extensión.
El duro informe fue elaborado a partir de 471 entrevistas —incluidas 230 a víctimas, sus familiares o sus representantes y 53 a exfuncionarios— y se abordaron casos que abarcan 215 víctimas de violaciones graves a los derechos humanos —122 cometidos por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y 51 por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Como en los anteriores dos reportes, las autoridades se negaron a responder a las solicitudes de información hechas por los investigadores y les negaron la posibilidad de visitar el país para recabar datos.
El Sebin y la DGCIM al banquillo
La MDH volvió a fijar su mirada en la actuación del Sebin y de la DGCIM, cuerpos de los que dijo que no solo han cometido detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, abusos sexuales, sino también el secuestro de familiares de sus víctimas.
En el informe se lee lo siguiente:
«La DGCIM supuestamente utilizó tácticas que implicaban actos delictivos para forzar la entrega de las personas contra quienes se actuaba, incluidos varios casos en los que la DGCIM orquestó el secuestro de sus familiares. Esta parecía ser una táctica empleada específicamente por la inteligencia militar. Como informó la Misión en 2021, en un caso los funcionarios de la DGCIM le dijeron a la víctima que, si no cooperaba con el interrogatorio, encarcelarían a algunos de sus familiares como forma de presionarla».
Además, la instancia asegura haber contabilizado al menos cinco casos ocurridos desde 2018 en los cuales funcionarios de los servicios secretos recurrieron a esta práctica.
Si lo anterior no fuera suficiente, el grupo de investigadores también reveló que ambos organismos mantienen en Caracas y en otras ciudades unas «casas de seguridad». Los agentes llevan a los opositores y disidentes que detienen a estas instalaciones y allí los interrogan durante horas, días e incluso semanas, antes de ponerlos a disposición de los tribunales.
Ni justicia ni reparación
La MDH tomó nota de las medidas que las autoridades aplican desde principios de 2021 para supuestamente castigar las violaciones a los derechos humanos y evitar su repetición. Sin embargo, al hacer una evaluación de ellas las consideró insuficientes, cuando no ineficaces. Así, por ejemplo, aseguró haber recibido información que indica que 85 personas continúan detenidas en alguno de los diversos centros de detención operados por la DGCIM en todo el país, de los cuales 13 permanecen en Boleíta. Esto a pesar del decreto que Maduro firmó a principios de 2021 en el que ordenaba enviar a estas personas a prisiones administradas por el Ministerio del del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.
La instancia creada por el Consejo de Derechos Humanos no se limitó a cuestionar las medidas del Ejecutivo, sino que también fustigó al sistema de administración de justicia.
«Los individuos implicados en estos delitos y violaciones no solo han escapado a las investigaciones y los juicios, sino que han recibido ascensos en sus carreras. Varios oficiales de alto rango de la DGCIM, identificados como implicados en la perpetración directa de crímenes, han sido promovidos a rangos militares superiores».
Acto seguido, la MDH lamentó no haber hallado información que indique que
«las víctimas de los delitos y violaciones cometidas en los centros de detención El Helicoide (Sebin) y Boleíta (DGCIM), documentadas en este informe y en el de 2020, hayan recibido reparaciones por los daños sufridos, sea mediante indemnización, restitución o rehabilitación».
Se concluye en el reporte que «El daño que sufrieron [las víctimas] sigue sin repararse. Esto ha perpetuado una situación de falta de justicia y reparación».
Llamado a la CPI
En el reporte, la instancia hizo un llamado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que tome en consideración sus hallazgos, y en particular para que analice «si Venezuela está investigando y persiguiendo realmente los crímenes que caen bajo su jurisdicción», mediante «procedimientos contra los individuos identificados en el presente informe, en particular los de nivel medio y alto de responsabilidad».
Hasta ahora, la justicia ha condenado a los autores materiales de casos emblemáticos como el del concejal Fernando Albán o del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, pero no ha indagado sobre las posibles responsabilidades de los mandos superiores.
Tal y como lo prometió a principios de año la presidenta de la MDH, la portuguesa Marta Valiñas, en este tercer informe se señala a algunos de los presuntos responsables de los crímenes. En el documento se mencionan trece nombres de altos funcionarios y de mediano rango.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
Este nuevo documento expone al mundo la gravedad de la situación que confrontan los venezolanos, quienes no solo son víctimas de la violencia criminal, sino también de una proveniente del Estado. Los organismos encargados de proteger a los ciudadanos y a sus derechos no ejercen esta función constitucional y legal, sino que más bien se dedican a proteger a los actuales gobernantes.
El informe pone de manifiesto la necesidad de que la MDH continúe su labor de investigación y de denuncia. Desde Acceso a la Justicia hacemos votos porque los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU renueven su mandato en las próximas semanas, pues las causas que provocaron su creación en 2019 persisten y están lejos de ser resueltas.