Desde hace algunos días se está comentando un acuerdo agrícola entre Venezuela e Irán. Este acuerdo agrícola, según indicó Mohsen Kushki Tabar, Viceministro del Interior para Asuntos Económicos de Irán, “prevé el cultivo de un millón de hectáreas por parte de Teherán en suelo venezolano”. Esto forma parte del plan de cooperación de 20 años firmado en junio, durante la visita del presidente Nicolás Maduro a Teherán, en un acto con el presidente iraní Sayed Ebrahim Raisi.
Sin considerar las disposiciones constitucionales de nuestra república que protegen la soberanía territorial, y en relación a lo cual ya se han realizado diversos pronunciamientos desde el punto de vista de la legalidad o ilegalidad de la cesión de partes del territorio a países extranjeros, me voy a referir a la disponibilidad de tal superficie con vocación agrícola dentro de nuestras fronteras y otras cosas relacionadas.
Ya en 1978, Juan Comerma y Jesús Ramón Paredes, dos edafólogos venezolanos con amplia trayectoria en estas actividades, analizaron las principales limitaciones y potencialidades de las tierras en Venezuela sobre la base de sus aspectos físico-naturales, encontrando que alrededor de un 4% de la superficie del país (3 millones seiscientas mil hectáreas) tiene limitaciones por aridez y está ubicada fundamentalmente en planicies o sistemas de colinas de la Costa Norte de Venezuela. Un 18% (16 millones cuatrocientas mil hectáreas) tiene limitaciones de drenaje y su ubicación predominante es en las grandes planicies aluviales como las del Sur del Lago de Maracaibo, los Llanos Centrales y Occidentales, y el Delta del Orinoco. Un 32% de la superficie nacional (algo más de 29 millones de hectáreas) es señalada con limitante prioritaria de baja fertilidad, concentrada principalmente en los Llanos Centrales y Orientales, así como en el Sur del país. La limitante por excesivo relieve ocupa un 44% (40 millones de hectáreas) comprendiendo los dos ramales de la Cordillera Andina, la Cordillera de la Costa y la región montañosa del Sur de Venezuela. Finalmente, los autores señalan que solo un 2% de la superficie venezolana (un millón ochocientas mil hectáreas) puede ser considerada sin limitantes para uso agrícola.
Los mismos autores hacen una prospección del uso de la tierra, indicando que aplicando tecnologías ya probadas por investigadores y agricultores avanzados, existe un 4% de áreas con amplia gama de uso agrícola; un 14% con una limitada gama; un 30% fundamentalmente para uso ganadero; un 41% para bosques, recreación, reservas hidráulicas, etc.; y un 11% que posee una asociación de áreas con limitada gama de uso agrícola y zonas limitadas a bosques y recreación.
Por supuesto, una prospección del uso de la tierra con los adelantos científicos y tecnológicos actuales (año 2022), incrementaría las áreas aptas para la producción de una variada gama de cultivos. Sin embargo, actualmente una apreciable superficie de esas tierras aptas para una agricultura productiva, ya ha sido ocupada por desarrollos de infraestructura en ciudades, carreteras, industrias, etc, y una gran parte de ella pertenece de alguna manera a agricultores venezolanos que luchan por producir alimentos para nuestros ciudadanos. Se puede apreciar que en el país no abundan tierras ociosas con buena vocación agrícola, como para ceder un millón de hectáreas a países extranjeros.
Un aspecto importante en esas capacidades de uso de las tierras venezolanas, es que difícilmente pueda existir un millón de hectáreas con vocación agrícola, disponibles, en un solo bloque, lo que supondría entonces que esa cesión de tierras se debe hacer en diferentes sectores del país, distribuyendo a los iraníes que vengan a ocupar nuestro territorio en una especie de mosaico por toda la geografía nacional. Eso puede resultar en una inmigración dispersa e incontrolada. Es posible que este convenio o compromiso implique que por parte del gobierno se realicen expropiaciones de fincas que se encuentren productivas en la actualidad, o que sea necesario realizar deforestaciones inapropiadas que afecten el equilibrio natural de algunas regiones del país, destrucción de bosques, eliminación de los bosques de galería que protegen ríos importantes, impacto sobre la fauna silvestre, en fin, un potencial ecocidio.
Adicionalmente se debe tener presente que Irán estima requerir siete millones de hectáreas en el extranjero con el fin de lograr producir suficientes alimentos para su pueblo. Eso en gran parte es debido, entre otras causas, a que “ese país enfrenta una crisis medioambiental sin precedentes con la disminución de los recursos hídricos, la rápida deforestación, la desertificación, el sobrepastoreo de los pastizales y la contaminación que asfixia a las ciudades”. Se ha destruido el equilibrio ecológico natural de ese país y la mayoría de estos estragos son irreversibles en el mediano plazo.
Esos problemas que enfrenta Irán se han tratado de justificar destacando que los recursos del país son limitados, especialmente los recursos hídricos que ha conducido a una sobre explotación de los acuíferos con la consecuente disminución y hasta desaparición de muchos de ellos. Además de la contaminación del aire en las ciudades, existe una fuerte contaminación por uso indiscriminado de plaguicidas y erosión de los suelos. Esto se agrava cada vez más, porque no se aplican las regulaciones de la política medioambiental descritas por las autoridades competentes.
Sería muy peligroso para Venezuela que esas malas prácticas agrícolas que han predominado en la agricultura iraní por décadas y hasta por siglos, y ahora erróneamente achacadas a los recientes efectos del cambio climático en el planeta, sean importadas para contribuir con la destrucción de nuestros recursos naturales. Es axiomático que si a los agricultores iraníes no les importa destruir sus recursos naturales, mucho menos les importará el mal uso de los nuestros.
En relación a este tema, esta misma semana el Ministro de Agricultura y Tierras ha señalado que esa producción agrícola del convenio Venezuela-Irán se realizará con nuestros agricultores, campesinos y asociaciones, para que la agricultura nacional “camine de manera adecuada”. Lo que no explican es que, como ya se indicó, el convenio “prevé el cultivo de un millón de hectáreas por parte de Teherán en suelo venezolano”, y que los iraníes están a la búsqueda de producir comida para su gente en otras partes del mundo, debido a que han destruido gran parte de sus recursos naturales útiles en la producción de alimentos.
Considero que es un momento oportuno para que parte de los profesionales del agro y agricultores de avanzada, así como los responsables del gobierno nacional, abandonen la idea de tratar de solucionar nuestra limitada soberanía alimentaria con la importación de personas que desconocen nuestros recursos naturales y humanos, y quizás con tecnologías que no se adaptan a nuestras condiciones. Igualmente, es un momento oportuno para que algunos productores y hasta profesionales de las ciencias agronómicas dejen de criticar y menospreciar a nuestros técnicos, formados en nuestras instituciones de educación superior y con estudios avanzados y experiencias en otras universidades del mundo desarrollado. A lo mejor no nos creen porque hablamos el mismo idioma y transitamos los mismos caminos de nuestra querida Venezuela.
Agosto 2022