En medio de la embriaguez que le produjo a Hugo Chávez el aumento intempestivo y, luego, sostenido de los precios del petróleo durante la primera década de su gobierno, el Comandante se imaginó que podía tratar las empresas extranjeras con la misma arrogancia que trataba a las desamparadas industrias nacionales expropiadas o confiscadas cuando, atacado por la fiebre estatizadora, decidió acabar con la propiedad privada y construir el socialismo petrolero, identificado con el empalagoso nombre de socialismo del siglo XXI.
Se equivocó de plano. En Venezuela, Chávez eliminó el Estado de derecho y sometió al Poder Judicial, empezando por el Tribunal Supremo, a sus caprichos. Pero, no ocurrió lo mismo en el resto del mundo democrático.
En Estados Unidos, los tribunales se encargan de resguardar los derechos de propiedad, fundamento de la economía de mercado. En virtud de ese principio, en días pasados un tribunal de Washington ratificó una sentencia de 2019 que obliga al Estado venezolano a pagarle a ConocoPhillips 8.700 millones de dólares.
En 2007, Chávez se apropió de Petrozuata, Hamaca y Corocoro, tres activos clave de la petrolera norteamericana, sin acordar con sus directivos una indemnización que satisficiera a la compañía. Desde esa época comenzó un litigio entre Conoco y el régimen venezolano, que por ahora está saldándose con la penalidad anunciada en Washington.
El despropósito contra ConocoPhillips hay que incluirlo en la larga lista de desatinos provocados por la furia estatizadora de Hugo Chávez y la corte de seguidores que le aplaudían sus desafueros. De acuerdo con los datos del Observatorio de Propiedad de Cedice, al menos 1.359 empresas pasaron del sector privado a manos del Estado mediante confiscaciones o expropiación. El régimen habla de nacionalización, como si esos activos hubiesen pasado a formar parte del patrimonio nacional. En realidad, esos bienes son parte del botín del Gobierno, que ha hecho con ellos lo que ha querido, entre otras cosas, nombrar como presidentes, gerentes o administradores, a un contingente de militares activos y retirados sin ningún tipo de conocimiento en el manejo de esas unidades, pero que sirven par abultar la clientela de incondicionales.
La inexperiencia y la ineficacia, combinada con una buena dosis de corrupción, han llevado a la parálisis o la quiebra a la inmensa mayoría de las empresas que cayeron en la garras del gobierno chavista, primero, y luego, madurista. En una lista muy corta hay que incluir, en primero lugar, a Pdvsa.
Es cierto que la petrolera nunca ha sido privada y, por lo tanto, en su caso no puede hablarse de estatización. Sin embargo, la destrucción apocalíptica que ha sufrido obliga a incluirla en el inventario de calamidades provocadas por el estatismo del régimen. Continúan las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) -algunas de las cuales fueron reestatizadas, por ejemplo Sidor-, hoy en la ruina.
Lo mismo sucedió con la Cantv y Movilnet. Le siguen las industrias de aceite, plástico, cemento, hoteles, haciendas, hatos y fundos. El Sambil de La Candelaria se transformó en un inmenso testimonio del desastre que el gobierno chavista es capaz de causar cuando se apropia de un bien privado. En el mismo plano puede colocarse Agroisleña, convertida en un despojo por Agropatria. De la devastación no se salvó ni el Metro de Caracas, siempre gerenciado por el Estado, pero ejemplo continental y mundial de lo que era una gerencia pública eficiente, meritocrática, comprometida con el servicio a los ciudadanos.
La gran mayoría de las unidades productivas, comercios y empresas de diferentes tipos que antes de su estatización producían ganancias a sus propietarios y cancelaban impuestos nacionales, estatales y municipales, pasaron a generar cuantiosas pérdidas y a ser subsidiadas por el Gobierno nacional, a expensas de severos recortes del gasto en educación, salud, servicios públicos, seguridad social e inversión en infraestructura.
La escasez, el desabastecimiento, la hiperinflación y otras calamidades que los venezolanos hemos vivido, atenuadas solo un poco a parte de 2021, son consecuencia de ese modelo estatista irresponsable y dispendioso con el cual Chávez y sus seguidores, entre ellos Nicolás Maduro, intentaron vender la revolución socialista bolivariana.
Durante los años recientes, Maduro recogió velas. Detuvo las expropiaciones y confiscaciones. Devolvió el Sambil de la Candelaria a sus legítimos dueños. Incluso, la Ley Antibloqueo y la de Zonas Especiales abre las posibilidades para la inversión privada foránea y nacional. Está llegando a acuerdos con empresarios nacionales, sugiere la privatización de activos estatizados e insiste en que los derechos de propiedad serán respetados. Veremos.
Por ahora, sobre la Nación y todos los venezolanos pesa el atropello cometido por Chávez contra ConocoPhillips. Abuso que le podría costar al país perder Citgo, pues con algún activo habrá que resarcir a la empresa norteamericana. Llevamos más de dos décadas viendo cómo las gracias del régimen se convierten en morisquetas.
El despropósito contra ConocoPhillips hay que incluirlo en la larga lista de desatinos provocados por la furia estatizadora de Hugo Chávez y la corte de seguidores que le aplaudían sus desafueros. De acuerdo con los datos del Observatorio de Propiedad de Cedice, al menos 1.359 empresas pasaron del sector privado a manos del Estado mediante confiscaciones o expropiación. El régimen habla de nacionalización, como si esos activos hubiesen pasado a formar parte del patrimonio nacional. En realidad, esos bienes son parte del botín del Gobierno, que ha hecho con ellos lo que ha querido, entre otras cosas, nombrar como presidentes, gerentes o administradores, a un contingente de militares activos y retirados sin ningún tipo de conocimiento en el manejo de esas unidades, pero que sirven par abultar la clientela de incondicionales.
La inexperiencia y la ineficacia, combinada con una buena dosis de corrupción, han llevado a la parálisis o la quiebra a la inmensa mayoría de las empresas que cayeron en la garras del gobierno chavista, primero, y luego, madurista. En una lista muy corta hay que incluir, en primero lugar, a Pdvsa.
Es cierto que la petrolera nunca ha sido privada y, por lo tanto, en su caso no puede hablarse de estatización. Sin embargo, la destrucción apocalíptica que ha sufrido obliga a incluirla en el inventario de calamidades provocadas por el estatismo del régimen. Continúan las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) -algunas de las cuales fueron reestatizadas, por ejemplo Sidor-, hoy en la ruina.
Lo mismo sucedió con la Cantv y Movilnet. Le siguen las industrias de aceite, plástico, cemento, hoteles, haciendas, hatos y fundos. El Sambil de La Candelaria se transformó en un inmenso testimonio del desastre que el gobierno chavista es capaz de causar cuando se apropia de un bien privado. En el mismo plano puede colocarse Agroisleña, convertida en un despojo por Agropatria. De la devastación no se salvó ni el Metro de Caracas, siempre gerenciado por el Estado, pero ejemplo continental y mundial de lo que era una gerencia pública eficiente, meritocrática, comprometida con el servicio a los ciudadanos.
La gran mayoría de las unidades productivas, comercios y empresas de diferentes tipos que antes de su estatización producían ganancias a sus propietarios y cancelaban impuestos nacionales, estatales y municipales, pasaron a generar cuantiosas pérdidas y a ser subsidiadas por el Gobierno nacional, a expensas de severos recortes del gasto en educación, salud, servicios públicos, seguridad social e inversión en infraestructura.
La escasez, el desabastecimiento, la hiperinflación y otras calamidades que los venezolanos hemos vivido, atenuadas solo un poco a parte de 2021, son consecuencia de ese modelo estatista irresponsable y dispendioso con el cual Chávez y sus seguidores, entre ellos Nicolás Maduro, intentaron vender la revolución socialista bolivariana.
Durante los años recientes, Maduro recogió velas. Detuvo las expropiaciones y confiscaciones. Devolvió el Sambil de la Candelaria a sus legítimos dueños. Incluso, la Ley Antibloqueo y la de Zonas Especiales abre las posibilidades para la inversión privada foránea y nacional. Está llegando a acuerdos con empresarios nacionales, sugiere la privatización de activos estatizados e insiste en que los derechos de propiedad serán respetados. Veremos.
Por ahora, sobre la Nación y todos los venezolanos pesa el atropello cometido por Chávez contra ConocoPhillips. Abuso que le podría costar al país perder Citgo, pues con algún activo habrá que resarcir a la empresa norteamericana. Llevamos más de dos décadas viendo cómo las gracias del régimen se convierten en morisquetas.
Trino Marquez https://noticierodigital.com/2022/08/conocophillips-de-gracia-a-morisqueta/
