«Adoptar medidas para garantizar que el espacio democrático y cívico no sea restringido indebidamente». Esta era una de las recomendaciones que la saliente alta comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, le hizo al Gobierno de Nicolás Maduro para mejorar la situación de las garantías fundamentales en el país, en el último informe que le presentó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, la nueva ola represiva que las autoridades venezolanas han lanzado contra la sociedad civil organizada en la primera semana de julio deja en claro que han decidido ignorar dicha Seguir leyendo