Los dos nuevos centros ilegalizados son la Universidad Tecnológica Nicaragüense (UTN), que operaba en Managua, y la Universidad Santo Tomás de Oriente y Mediodía USTON-Granada, ambas inscritas como asociaciones, según el decreto presentado por el diputado oficialista Filiberto Rodríguez y aprobado con el voto de los sandinistas y sus aliados.
Según el decreto, el Ministerio de Gobernación, que es el encargado del control y registro de las ONG, sostuvo que las asociaciones de ambas universidades incumplieron con sus obligaciones, entre ellas la presentación de sus estados financieros conforme a los períodos fiscales.
Además, no presentaron los desgloses detallados de sus ingresos, egresos, balanza, detalle de donaciones, origen de los fondos y beneficiario final, entre otros.
La UTN estaba inscrita desde el 7 de agosto de 1998 y la Santo Tomás desde el 2 de junio de 2005.
El Parlamento ha ilegalizado hasta ahora 16 centros de estudios superiores por petición del Ejecutivo desde diciembre de 2021, incluidas 7 de origen extranjero.
El rector de una de las universidades canceladas, Adrián Meza, ha denunciado desde el exilio que el Ministerio de Gobernación se ha negado a recibir los estados financieros de los centros de estudios superiores.
El Parlamento y el Ejecutivo han ilegalizado un conglomerado de 101 organizaciones no gubernamentales desde las protestas antigubernamentales de 2018, que fueron lideradas por estudiantes, en su mayoría universitarios.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
EFE