A continuación les presentamos íntegramente la comunicación de la Dra. García Arocha:
Desde que fue nombrada por el ejecutivo nacional una comisión para ejecutar obras de mantenimiento en la Ciudad Universitaria de Caracas, hasta noviembre de 2021 que asistimos a reuniones con las personas encargadas de la ejecución de dichas obras y en ellas siempre les recordamos que la Universidad Central de Venezuela es una institución que tiene una clara y autónoma estructura que rige su funcionamiento administrativo y académico, posee direcciones encargadas para preservar el patrimonio y su seguridad, por tanto siempre se ha dejado bien claro que la ejecución de las obras y permanencia en los espacios está supeditada a la aprobación de dichas direcciones, del Rectorado, así como de los Decanos en el caso de las Facultades.
Es de vital importancia que la colectividad y la comunidad universitaria, comprendan:
1.- Estas obras son una deuda que el estado venezolano tenía con su principal casa de estudios, a la que sometió por más de 13 años a presupuestos miserables que fueron disminuyendo hasta el punto de confiscarlos y no ser entregados como determina la ley, tal condena presupuestaria quebrantó nuestra infraestructura física, limitó los alcances académicos, impulsó la diáspora de personal calificado y estudiantes y empeoró las condiciones laborales, esta crisis inducida de distintas aristas, no puede ser solventada con intervenciones materiales, requiere de voluntad política y reconocimiento de la misma.
2.- La Universidad Central de Venezuela NO tiene manejo de los recursos que el estado aprobó para estas obras, ni control de peritaje sobre las empresas que están ejecutando las licitaciones, a pesar de que un grupo de profesionales que en su mayoría son profesores de nuestra institución están integrados al equipo de supervisores y restauradores a los que el ejecutivo nacional cancela sueldos que superan en un 100% el sueldo de los profesores universitarios.
3.- Para cumplir con el derecho a la educación de calidad y libre, se debe tener más que una infraestructura adecuada, se debe poseer equipamiento adecuado, condiciones laborales y sanitarias propias de esta época de pandemia, condiciones que no han sido presupuestadas ni garantizadas en dichas intervenciones, nuestros laboratorios no han sido equipados, los sueldos y seguridad social de nuestros profesores y personal siguen siendo los más miserables de la región, nuestros estudiantes no cuentan con una flota de transportes repotenciada para asistir al campus, educar va más allá de restaurar o pintar paredes.
4.- Nuestros espacios son plurales, donde se honra la democracia y no se matizan con tintes políticos, es por ello que rechazamos el uso de nuestros espacios como escenario para propaganda política, rechazamos las mentiras y acusaciones constantes que se hacen en estas alocuciones, así como el acoso y amedrentamiento del que han sido objeto nuestro personal, autoridades, profesores y estudiantes.
5.- De conformidad con el artículo 7 de la Ley de Universidades el recinto universitario es inviolable, su vigilancia y mantenimiento del orden son de competencia y responsabilidad de las autoridades universitarias, sólo podrá ser allanado para impedir la consumación de un delito o para cumplir las decisiones de los Tribunales de Justicia. Causa preocupación y alarma el ingreso el día sábado 29 de enero 2022 de forma arbitraria por parte de un cuerpo de seguridad del estado, quienes irrespetando la autonomía universitaria y los derechos humanos del Director de Seguridad de esta Institución, lo retienen en custodia en un vehículo del SEBIN sin ningún motivo legal dentro del campus universitario para luego liberarlo, y despojarlo de su equipo de telefonía móvil, estas constantes violaciones a la autonomía han sido repetidas por personeros del régimen como lo ocurrido en el año 2021 cuando irrumpieron de forma violenta en los espacios del Aula Magna y acosando a su personal, causa alarma que en vísperas de la discusión de una nueva ley de universidades anteproyecto que hasta la fecha, dos semanas después de la instalación de la comisión no ha sido entregado a sus miembros, se incurra en una nueva violación a la autonomía universitaria.
6.- En el caso de la intervención realizada a la torre del reloj, respondemos al ingeniero y profesor Francisco Garcés, no es verdad que el reloj no funcionara durante una década, en el 2008 al inicio de mi gestión con esfuerzos del rectorado, la Facultad de Ingeniería y la Dirección de Mantenimiento se pudo reactivar, en el 2011 el mecanismo sufrió desperfectos al ser atacado por miembros de un grupo denominado M28 que colgaron una pancarta que comprometió su mecanismo, a pesar de ello y sin recursos se logró poner en funcionamiento, hasta hace unos 4 años que el déficit presupuestario compromete nuestra posibilidad de ofrecer un correcto mantenimiento, hoy le preguntamos a dos años del colapso de la losa del pasillo techado número 5, ¿Qué ha pasado con esta restauración?, pues es usted el encargado de la ejecución de esta labor.
7.- Las labores de intervención aprobadas por el ejecutivo, solo tienen alcance a las edificaciones y espacios que se encuentran dentro de la declaratoria patrimonial, es falso que se esté recuperando la UCV, pues nuestro campus posee dos facultades ubicadas en Maracay, escuelas y estaciones experimentales extramuros que no son parte de la CIUDAD UNIVERSITARIA DE CARACAS que es la única enmarcada en dicha declaratoria y que hasta la fecha no han sido intervenidas.
Es por ello que como máxima autoridad de esta casa de estudios y en sinergia con las direcciones de: Consejo de Preservación y Desarrollo (COPRED), Mantenimiento, Seguridad y demás autoridades, exigimos públicamente se respete el constitucional derecho de autonomía de la universidad, los derechos humanos y derechos laborales de los miembros de nuestra comunidad, así como las normativas que rigen a nuestra institución.
Se entreguen de forma inmediata los reportes de obras a cada Decano y director de COPRED, donde se especifique qué intervenciones se realizaron o se realizan, qué empresa es responsable y los costos de las mismas.
Cecilia García-Arocha Márquez
Rectora