Este jueves, a última hora, llegaba a las dependencias de la Audiencia Nacional un sobre enviado por el ex jefe de la Inteligencia de la dictadura venezolana Hugo El Pollo Carvajal. Lo llevaba en mano su defensa. El interior del sobre guarda la primera prueba aportada por el general chavista al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga una causa sobre terrorismo y corrupción que está bajo secreto de sumario. Según ha podido saber OKDIARIO, los documentos aportados señalan exclusivamente al ex juez Baltasar Garzón por 8,8 millones que cobró presuntamente de Venezuela.
La documentación judicializada que obra en poder del Juzgado Central de Instrucción número 6 refleja una solicitud de contratación al bufete Ilocad SL, cuyo administrador único es Baltasar Garzón Real, fechada el 15 de noviembre de 2016. El documento está firmado por el entonces comisario principal de petróleos de PDVSA (Petróleos de Venezuela, SA), Silvestre Molero, y el ex presidente de dicha firma Eulogio del Pino y refleja la aprobación del desvío de 8.835.000 euros al despacho del ex juez. Fuentes conocedoras del funcionamiento interno de la estatal explican a OKDIARIO que todos los contratos directos o indirectos –es decir, a través de intermediarios– de la petrolera debían ser solicitados y aprobados internamente.
El bufete Ilocad ha enviado un comunicado a los medios en el que niega tener vínculos directos con la petrolera estatal venezolana. Pero el despacho ha admitido que «fue contratado» para la causa en la que se investiga el saqueo a PDVSA «por la firma americana Squire Patton Boggs», que defendió a los sobrinos de Nicolás Maduro condenados por narcotráfico, porque –ha añadido– este despacho «ha llevado la defensa a nivel mundial de los intereses de PDVSA y su filial Bariven». Otras fuentes consultadas por este periódico manifiestan que «estos acuerdos, que suscitan una gran controversia, siempre se hacen mediante intermediarios y nunca de manera directa».
De hecho, el documento señala que fue el propio despacho de abogados Squire Patton Boggs, con quien PDVSA mantiene relaciones comerciales, y específicamente el letrado Alfredo Anzola quien identificó en España «el despacho de abogados Ilocad SL, ubicado en Madrid y perteneciente al prestigioso abogado Baltasar Garzón, con el cual el Gobierno Bolivariano de Venezuela y/o colaboradores cercanos a éste han tenido y mantiene relaciones contractuales, todas ellas con resultados positivos hasta la fecha». El propio documento hace referencia a otros trabajos realizados por Baltasar Garzón para el Gobierno de Venezuela.
Un total de 1,9 millones para «coordinarse con la Fiscalía»
El documento desglosa la partida que destinaría a cada uno de los servicios ofrecidos, presuntamente, por el ex juez en la causa de PDVSA, que actualmente se instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, y en la que su despacho defiende a la petrolera venezolana. Fuentes consultadas por OKDIARIO manifiestan que PDVSA decidió interponer la querella con el único fin de adelantarse a una posible imputación de la propia petrolera que ya estaba siendo investigada en EEUU.
El despacho Ilocad SL presentó un presupuesto, según el documento, de 8.835.000 euros desglosado de la siguiente manera:
– 1.650.000 euros en «asistencia en la preparación y presentación del poder para litigios a otorgarse por las autoridades competentes de la República Bolivariana de Venezuela».
– 2.105.000 euros en «preparación y presentación del documento de demanda o litigio ante las autoridades competentes de España».
– 1.980.000 euros para la «coordinación con la Fiscalía y tribunales de España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial. Facturado según el avance de las diferentes comparecencias ante el tribunal de las personas acusadas».
Esta última partida es muy relevante, puesto que en la actualidad el despacho Ilocad continúa ejerciendo la representación letrada de PDVSA y la Fiscalía con la que iba a «coordinarse» está en manos de la actual pareja de Garzón, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Ahora, el juez García-Castellón, con todas las pruebas sobre la mesa deberá decidir si investiga estos hechos presuntamente delictivos en la causa en la que El Pollo Carvajal es, por el momento, el único testigo.
Declaración ante el juez
El juez Manuel García-Castellón citó a declarar al general Carvajal tras la solicitud previa del venezolano. El jefe de la inteligencia militar chavista estaba citado para declarar sobre «asuntos relacionados con terrorismo internacional». El Pollo Carvajal conoce todos los secretos del actual Gobierno español y de altos cargos socialistas. También conoce los entresijos de Podemos y cómo se financió la formación morada en sus orígenes. Esas mismas fuentes manifiestan que «si El Pollo cuenta todo lo que sabe provocaría una hecatombe en España».