En abril de 2018, en cadena de radio y televisión, Nicolás Maduro hizo alarde con la inauguración de la planta desalinizadora “Boca de Pozo”, ubicada en el Municipio Península de Macanao del estado Nueva Esparta, ofrecida a los isleños como la panacea a la crisis de agua potable que los afecta debido al deterioro de los ramales de los acueductos Clavellinos y El Turimiquire, que surten del recurso hídrico a las islas de Margarita y Coche.
El diputado por Nueva Esparta a la Asamblea Nacional legítima y vicepresidente de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambios Climáticos, Orlando Ávila Guerra, aseguró que desde el momento del anuncio comenzaron a recibir denuncias sobre un supuesto “guiso” con la ejecución de lo que sería la tercera desalinizadora más grande América Latina, la cual beneficiaría a unos 97 mil habitantes de la isla, y tendría una producción de 110 litros de agua dulce por segundo.
El parlamentario neoespartano reveló que más de tres años después del rimbombante acto, en la desalinizadora instalada en el sector Cabeza de Negro del municipio peninsular, la acometida eléctrica quedó desfasada, lo que ha obligado a operarla con generadores eléctricos. Allí fueron invertidos 46 millones de dólares ejecutados mediante el convenio China-Venezuela. Hoy la operatividad de la desalinizadora está limitada a un 20% de su capacidad.
De acuerdo con estimaciones arrojadas por el informe elaborado por la Comisión de Agua del Colegio de Ingenieros de Nueva Esparta, a solicitud de la comisión parlamentaria, actualmente la tan anhelada desalinizadora apenas supera los 20 litros de agua dulce por segundo.
Eso hace que los pueblos de Boca de Pozo, Robledal, La Laguna y Punta Arena, al igual que los que conforman la región peninsular, resientan la escasez de agua por tubería durante más de 45 días como ocurre en el resto de los municipios margariteños.
Además, Maduro anunció la instalación de 19 pequeñas plantas desalinizadoras, una de ellas en la isla de Coche, donde hace dos años se inició su instalación en las localidades de La Uva y San Pedro, pero problemas de diferente índole impidieron su puesta en marcha para que las comunidades y caseríos cochenses se abastezcan de agua.
Más plantas, más guisos
Ávila Guerra indicó que igualmente el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas construyó pequeñas plantas desalinizadoras para producir 4 litros, 8 litros y 16 litros por segundo en los pueblos de La Guardia, Municipio Díaz, y en Las Mercedes de Punta de Piedras, Laguna de Raya, Chacachacare y El Guamache, en el Municipio Tubores.
El proyecto incluyó la instalación de una planta en el Círculo Militar, ubicado en Pampatar, Municipio Maneiro, al igual que en Manzanillo y El Tirano, en el Municipio Antolín del Campo, como también en Boca del Río, Guayacancito, Manglillo y San Francisco en la jurisdicción de la Península de Macanao, así como en Bahía de Plata, Playa Caribe y Pedro González, Municipio Gómez.
También en la urbanización Bicentenario y La Galera, Municipio Marcano y otra en playa Guacuco, Municipio Arismendi, muchas de las cuales según informó el parlamentario neoespartano, se quedaron esperando se concretara su culminación y puesta en marcha, pero el proyecto parece dormir el sueño eterno en las gavetas del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas.
El diputado subrayó que no ha sido posible precisar el monto de cada una de las 19 desalinizadoras que no fueron instaladas. Se tenía previsto ejecutar, al menos, 32 plantas en Nueva Esparta. El parlamentario indicó que solo se pudo investigar sobre la desalinizadora de playa Guacuco, en la que se invirtieron 5 millones dólares y apenas funcionó dos meses.
Sin licitación
El parlamentario insular expresó que hasta la presentación de los proyectos, todo lucía muy correcto y hasta justificado si se quiere, tomando en consideración la fuerte sequía que desde hace más de 10 años experimenta la región neoespartana y la marcada dependencia de Margarita y Coche del suministro de agua potable desde tierra firme.
Resaltó que las dudas se hicieron evidentes cuando detectaron que pese a la cuantiosa inversión, la obra no ha sido sometida a ningún proceso de licitación. Incluso, se pudo verificar que la empresa seleccionada a dedo, es decir, MCC Internacional Venezuela C.A., según el Registro Nacional de Contratista, está inhabilitada para contratar con el Estado por encontrarse en proceso de descapitalización.
Detalló que de acuerdo con investigaciones realizadas por organizaciones ajenas a la Asamblea Nacional, pero que aportaron información preliminar a la Comisión de Ambiente, el capital de MMC Internacional Venezuela C.A. para el 5 de abril de 2016, era de 430.000 bolívares, es decir, unos 1.433 dólares (calculado a la tasa de cambio Dicom de entonces).
Según el parlamentario neoespartano, la empresa claramente carecía de los activos y la capacidad financiera para asumir responsabilidades civiles para una obra de la magnitud de la que había sido anunciada por el régimen de Nicolás Maduro.