En teoría Pedro Sánchez debería seguir presidiendo el Gobierno de España hasta finales de 2023, pero ya se sabe que cuando se gobierna en coalición no se suele agotar la legislatura, ya que ambos socios siempre pretenden distanciarse antes de afrontar un nuevo proceso electoral. Además, los escasos 120 diputados del Partido Sanchista, anteriormente conocido como PSOE, unidos a los 35 de Podemos, necesitan 20 votos más para alcanzar la mayoría absoluta, así que tienen que ceder continuamente a las presiones de los golpistas de ERC, de los proetarras de Bildu, de los que recogen las nueces del PNV y de una amalgama de pequeños partidos de extrema izquierda o independentistas al lado de los cuales ni a Pedro Sánchez le conviene presentarse ante su electorado, ni ellos van a querer hacerlo sin haber escenificado previamente una ruptura de cara a la galería. O sea, que las elecciones se adelantarán a finales del año que viene o principios del siguiente.
En 2015 y 2016 Sánchez ya consiguió los peores resultados de la historia del PSOE, pero todas las encuestas apuntan a que, en las próximas, sus resultados serán aún peores y que la suma de votos de PP y VOX les permitirá desalojar de la Moncloa a socialistas y comunistas. Y ese será el momento en el que, a diferencia de lo que los populares hicieron cuando vencieron a Zapatero, todas las leyes ideológicas que está aprobando este Gobierno serán forzosamente derogadas. Va a durar poquísimo la Ley del ‘sólo sí es sí’, la Ley ‘Trans’, la Ley de Diversidad Familiar, la Ley de Memoria Democrática, la Ley de Eutanasia, las reformas de la Ley Mordaza y de la Ley de Seguridad Nacional, etc. Los de Pablo Casado no van a poder volver a hacer el don Tancredo, como hizo Rajoy, porque Santiago Abascal no se lo va a permitir.
Pero la cosa no debe quedarse ahí. El Parlamento Europeo aprobó en 2019 por una impresionante mayoría de 535 votos a favor, 66 en contra y 52 abstenciones, una resolución por la que pide a los Estados miembros “que hagan una evaluación clara de los crímenes perpetrados por los regímenes comunistas”, condena toda propagación de dicha ideología, pide a los Estados que sensibilicen a las nuevas generaciones respecto a estos crímenes incluyéndolos “en los libros de texto de todas las escuelas de la Unión” y que se favorezca una “cultura común de memoria histórica” que los condene. Además, el Parlamento Europeo expresó “su preocupación por el hecho de que se sigan usando símbolos de los regímenes totalitarios en la esfera pública y con fines comerciales, y recuerda que varios países europeos han prohibido el uso de símbolos comunistas”. Señaló que “siguen existiendo en espacios públicos monumentos que ensalzan los regímenes” comunistas, “lo que facilita la propagación del sistema político totalitario”.
Con el nuevo Gobierno de PP y VOX, la jurisdicción española deberá tener en cuenta estas recomendaciones del Parlamento Europeo a la hora de interpretar y poner en práctica sus disposiciones nacionales. Habrá que quitar las esculturas que el Che Guevara o Santiago Carrillo tienen en diversas localidades españolas, así como las de Indalecio Prieto, Largo Caballero, Margarita Nelken, Juan Negrín, Lluis Companys, etc. Los símbolos del genocidio comunista deberán ser por fin proscritos de España, que para algo somos el único país del mundo que logró derrotarlos y, en definitiva, tendremos que cumplir con una recomendación europea que nos empuja a perseguir la exaltación de un comunismo asesino que hasta ahora aquí se hace impunemente, hasta conseguir que las nuevas generaciones de españoles conozcan y rechacen como se merece, esa ideología que, en palabras del Parlamento Europeo, cometió “asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y fue causante de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad”.