Durante 2020, las universidades públicas no lograron un acuerdo conjunto para retomar las clases y profesores y alumnos por separado avanzaron como les permitió la conectividad y sus recursos, pero ahora intentan aprobar un mecanismo que sirva para retornar a las aulas sin distinción ni rezagos
Sin un plan en torno a los mecanismos para retomar clases y con estrategias que generan brechas entre unos y otros, las universidades autónomas del país llegan al 2021 sin condiciones claras para retomar las carreras universitarias, tras la paralización en marzo de 2020, cuando llegó la pandemia a Venezuela.
A la crisis generada por los bajos salarios del gremio docente, los problemas estructurales y de mantenimiento de las instituciones universitarias, los bajos presupuestos otorgados a las universidades y la diáspora de los estudiantes se sumó la llegada del COVID-19 con la que se concretó el abandono de los salones de clases y la paralización del sistema educativo universitario.
Desde entonces, las instituciones públicas del país vivieron un primer semestre de paralización total y en la segunda mitad del año iniciaron la presentación de propuestas para adaptarse a la llamada “nueva realidad”. Sin embargo, la falta de acuerdos entre los distintos sectores que componen la comunidad universitaria y de capacidades para asumir clases online mantienen los salones vacíos.
Retomar clases en las universidades públicas, al menos parcialmente, ha dependido entonces de la suerte y las condiciones socioeconómicas, tanto de estudiantes como de profesores. Algunas escuelas han dictado a distancia clases teóricas o han avanzado en propedéuticos, materias electivas o trayectos iniciales en los que quienes no tienen una computadora, un teléfono inteligente o internet han sido excluidos.
La crisis se puede mirar desde varios cristales, pero profesores, trabajadores y estudiantes coinciden en que es imposible retornar a las aulas de forma presencial con “salarios de hambre” y sin capacidad para garantizar medidas de bioseguridad mínimas.
Keta Stephani, secretaria de Actas, Memoria y Formación de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), muestra la visión desde el ángulo profesoral: “Decretar dar clases en línea no significa que eso sea posible, les corresponde a las instituciones educativas garantizar las condiciones y eso no está ocurriendo en el caso de las instituciones educativas que dependen del financiamiento del Estado”.
La docente y representante gremial insiste en que los profesores están de acuerdo con la reactivación de las clases, pero recuerda que eso no solo depende de la voluntad de estudiantes y maestros, sino de que el Ejecutivo nacional garantice los servicios indispensables para que la educación online sea posible, que son el internet, la electricidad y equipos tecnológicos.
Decretar dar clases en línea no significa que eso sea posible, les corresponde a las instituciones educativas garantizar las condiciones y eso no está ocurriendo en el caso de las instituciones educativas que dependen del financiamiento del Estado. (Keta Stephani, secretaria de Actas, Memoria y Formación de la Fapuv)
Del otro lado están los estudiantes. David Sosa, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (UCV), explicó que los estudiantes quieren clases, pero con profesores que tengan sueldos dignos, con un servicio de internet que funcione, con la infraestructura adecuada y con la seguridad y salud que merecen todos los ciudadanos.
“En este momento no tenemos condiciones para modalidades digitales ni semipresenciales: la primera, por falta de infraestructura, servicios de internet y capacitación de los profesores y sus sueldos que imposibilitan implementar un programa masivo en todo el país de clases a distancia. Pero tampoco tenemos las herramientas para poder desarrollar un programa de semipresencialidad, dado que la universidad no cuenta con las necesarias pruebas ni recursos de bioseguridad”, acotó Sosa.
Cada quien como puede
La preocupación de los estudiantes que ven retrasada su profesionalización no se ha hecho esperar. En la UCV, los consejeros estudiantiles entregaron en el pasado mes de junio algunas propuestas de transición para retomar clases, pero el Consejo Universitario no tomó una decisión al respecto y quedó en manos de cada facultad dictaminar sus planes siguiendo el Reglamento de Clases a Distancia vigente en esta casa de estudios.
Luis Palacios, presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, explicó que los estudiantes esperan que en este 2021 se abra el compás a la discusión de las propuestas que han surgido para tomar una opción que sea consolidada y que se extienda a toda la universidad a fin de dar condiciones e igualdad a todos los bachilleres.
En esto, los docentes universitarios son enfáticos, las decisiones que se tomen deben considerar las oportunidades de toda la comunidad universitaria por igual para evitar la brecha que ya se crea entre los que pueden avanzar online y los que no.
La profesora Stephani considera: “Hay un gran paréntesis en la educación pública en Venezuela donde no se está garantizando el derecho al estudio, porque no se tienen las condiciones para que los profesores dicten clases en línea y los estudiantes las reciban, generando una gran brecha entre el estudiante tiene acceso y el que no.
Tras un año sin soluciones, la desesperación es tal que en redes sociales los estudiantes han propuesto pagar de sus propios bolsillos a los docentes de las principales universidades autónomas de país para lograr que el regreso a clases ocurra por fin.
Pero el profesor Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, recuerda que en los hombros del estudiantado no puede recaer la responsabilidad de mantener viva la educación universitaria, porque no es solo un problema de carácter salarial, sino estructural, de seguridad. “Es imposible que el movimiento estudiantil por sí solo abra la universidad; esa no es su responsabilidad”, dijo.
Márquez recuerda que no hay condiciones para retomar las clases por múltiples factores y que un proceso que implique clases virtuales solo de la teoría deteriora el proceso de aprendizaje. A su juicio, “lo que están viviendo las instituciones universitarias es el resultado de la política gubernamental que ha generado un cerco presupuestario que impide que la universidad funcione de manera eficiente y, en segundo lugar, una política que es el pago de unos salarios que no alcanzan para sobrevivir a ningún miembro de la universidad, no solo los docentes, sino profesionales y personal administrativo”.
En el caso de la Universidad de los Andes, la falta de un acuerdo conjunto ha derivado en que cada facultad o profesor tome una decisión en torno a la continuidad de sus clases dependiendo de sus condiciones.
Una docente de la institución confirmó que algunos dan clases online en un periodo denominado como especial y otros decidieron no retomar el semestre hasta tanto se garantice que todos los estudiantes pueden cursar clases en línea.
Es imposible que el movimiento estudiantil por sí solo abra la universidad; esa no es su responsabilidad. (Profesor Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV)
La situación no es distinta en el resto de las instituciones autónomas del país. Tirso García, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Oriente (Apudo), indica que esperan una reunión del Consejo Universitario para decidir la modalidad del nuevo semestre, pero que los docentes mantienen el argumento de que no hay condiciones para retornar a los salones con infraestructuras destruidas, un parque tecnológico inexistente y condiciones socioeconómicas nulas.
En Oriente, la mayoría de los profesores cubrieron hasta el 70% de los contenidos de forma presencial y culminaron con la modalidad virtual, pero trabajan por no atrasar aún más a los estudiantes, aunque aún no hay un plan claro, como en el resto del país para seguir graduando profesionales que trabajen para Venezuela supere la crisis actual.
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