Respuesta de los municipios en Venezuela frente al covid-19.
En fecha 13 de marzo el régimen de Venezuela decretó el estado de alarma para atender la emergencia sanitaria del coronavirus (Covid-19), en el texto expresamente señaló la obligación de los estados y municipios a cumplir de manera prioritaria y con urgencia las medidas adoptadas por el Decreto.
Así mismo, ordena que las autoridades y funcionarios públicos sanitarios deben cumplir las órdenes emanadas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud[21].
No debe extrañar que en momentos en los cuales es necesario gerenciar la crisis, se centralicen decisiones y acciones desde el gobierno central, pero en el contexto venezolano, tal situación permite mayor concentración del poder y mayor discrecionalidad del régimen venezolano.
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, expresó su preocupación algunos países han adoptado poderes ilimitados de emergencia, no sujetos a revisión[22].
Venezuela califica como uno de esos países, pues la Asamblea Nacional, poder público nacional reconocido como única instancia legítimamente electa y única expresión democrática de la institucionalidad venezolana, no tiene capacidad de control sobre las acciones que el régimen ejecute con la excusa del covid-19, lo que no les ha impedido tener un sistema de monitoreo, información y denuncia sobre los efectos inmediatos del virus en Venezuela.
Precisamente esa capacidad de control sobre la gestión del gobierno en la ejecución de las medidas excepcionales marca una importante diferencia de fondo entre España y Venezuela. Mientras el gobierno español respeta la institucionalidad y el orden jurídico, solicitando y debatiendo en el Congreso el decreto del Estado de Alarma y sus prórrogas, así como también, su equipo cumple con informar periódicamente el estatus del covid-19 en España, en Venezuela ese debate y rendición de cuentas no existe; menos aún, la posibilidad del ciudadano de mirar a través de la TV esos reportes y debates, una de las razones es muy clara: no existe Estado de Derecho en Venezuela.
Esa brecha marca de manera decisiva la capacidad de generar certidumbre y de lograr mayores niveles de cohesión social para enfrentar al enemigo desconocido llamado covid-19.
Ahora bien, sobre las acciones de las autoridades locales en Venezuela hay muy pocas noticias, casi que en los medios digitales el tema no ocupa espacio alguno. Por redes sociales como el twitter y Facebook, se puede percibir que los municipios principalmente ubicados en el área metropolitana de Caracas, específicamente Chacao, El Hatillo, Baruta y Libertador, han dirigido acciones para lograr la desinfección de los espacios públicos más concurridos de sus respectivos municipios[23]; así mismo, ocupan importante esfuerzo en la labor de información sobre las medidas básicas para prevenir el virus y reporte permanente sobre el avance del virus en el municipio.
Vía tweet personal de dos alcaldes, los representantes de Chacao y Baruta, se puede registrar que en el municipio Chacao han repartido más de 10 mil tapabocas que han donado los comerciantes, agua a través de camiones cisternas y alimentos a los más necesitados[24]; y en el caso del municipio Baruta, la entrega de medicinas sin costo alguno para adultos mayores de tercera edad[25], que se realiza en alianza con la Corporación de Servicios de salud denominada Grupo Nueve Once.
En términos generales hay poca información sobre las acciones y decisiones de los municipios en Venezuela, muchas pueden ser las razones, pero la realidad económica, social y política advierte que las autoridades locales tienen poca capacidad para maniobrar la crisis local que genera la pandemia.
Mientras en España los municipios expresan al gobierno central su deseo de participar de la construcción de este nuevo futuro, tal y como lo expresó la Declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias, citada previamente, en Venezuela esa aspiración sólo será posible si se restituye el orden constitucional y democrático.
Carlos Romero Mendoza. 11 de abril 2020.