Victor H. Becerra – Feb 3, 2020 –
El Estado poniéndose a manejar las riquezas de un país es una garantía de desperdicio, gasto ineficiente, proyectos sin sustento y bancarrota
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Calladamente, México y Venezuela vienen confirmando la conocida frase de Milton Friedman: “Si pones al gobierno a cargo del desierto del Sahara, en cinco años habría escasez de arena”. Pues justo eso está pasando: el Estado y los políticos que lo dirigen acabaron, esfumaron la fabulosa riqueza petrolera de esos países.
Probablemente, ambas naciones nunca más verán tanta riqueza natural junta. Sus políticos la desaparecieron como si del desagüe de un WC se tratara. Pasó por sus manos, enriqueciendo solo a políticos y dirigentes sindicales ambiciosos, no a sus habitantes y menos a los más pobres. ¿Las causas? Pésima gestión del gobierno, corrupción desenfrenada, políticas públicas erróneas, politización en detrimento de la capacidad técnica, deudas impagables, falta de previsión, megaproyectos ruinosos, sindicatos gigantescos y voraces y, finalmente, la caída en los precios del petróleo, fueron el dedo en la palanca de desagüe.
Por un lado, en lo que respecta a Venezuela, la dictadura de ese país estaría negociando el privatizar la petrolera estatal, PDVSA, como única salida para reflotarla y ponerla de nuevo a producir. En 1998 -a la llegada del chavismo al poder-, PDVSA era la tercera empresa en el mundo en capacidad de refinanciación, procesando 3,3 millones de barriles diarios de petróleo. Hoy, en cambio, apenas procesa 700 000 barriles por día, según el último informe de la OPEP.
La idea sería reestructurar parte de las impagables deudas millonarias de PDVSA a cambio de activos. Para pagar parte de las deudas contraídas por los gobiernos chavistas, Rusia y China han estado recibiendo petróleo venezolano, en trueque, o hasta oro de sus reservas monetarias. Ahora sería privatizar toda la estatal petrolera, trasladando su propiedad y administración.
Claro: disfrazando tal privatización, ya que una acción de este tipo debería contar con la aprobación de la Asamblea Nacional, en manos de la oposición y único organismo legislativo reconocido internacionalmente. Pero no deberíamos perder de vista que, ahora, privatizar PDVSA, sería robar dos veces: una por las deudas ya contraídas por el chavismo, y que terminaron en el bolsillo de sus jerarcas, y dos, para pagarlas, justamente a las empresas que ahora se harían con el dominio y que prestaron el dinero, sin precauciones, sabiendo a qué se dedicaría.
En México, en contraparte, la declinación de la industria petrolera sigue el camino de Venezuela: la situación de PDVSA, hoy, es el destino final de la estatal PEMEX en unos años.
En México, la producción petrolera viene disminuyendo año a año, a pesar de los malabares con las cifras de producción o el constante ajuste en las metas. La producción de PEMEX cayo 8.2 % durante 2019, comparado con 2018, según datos oficiales de la petrolera. En tanto, ciertamente su deuda bajo de 105 a 100 billones de dólares (gracias a la insostenible cantidad de recursos destinados por la administración de López Obrador, para “rescatar la soberanía”), pero tendrá una pérdida de 30 billones en 2019.
Adicionalmente, el gobierno de López Obrador ha echado para atrás la apertura petrolera, que permitía la subasta de campos petroleros y las inversiones público-privadas. Sin los recursos privados, el gobierno mexicano simplemente no tiene el dinero para sacar adelante a la petrolera estatal, con el consiguiente agotamiento de los principales campos productores. Y en el horizonte, la posibilidad de una baja en su calificación crediticia, para dejar su deuda al nivel de los bonos basuras.
En contraste a estos dos países, un país minúsculo y hasta hoy la segunda nación más pobre de Sudamérica, Guyana, de la mano de la empresa privada y sin poner un solo centavo de erogación pública, podría convertirse en pocos años en el mayor productor de petróleo de América Latina, superando a Venezuela, México, Brasil y Colombia. Hoy supera ya la producción de Venezuela. Incluso, se habla de que en 2025, el PIB de Guyana aumentará entre un 300 % y un 1000 %, convirtiéndolo en el país más rico del hemisferio y, potencialmente, en el país más rico del mundo. Claro, si el Estado no se mete a manejar esa riqueza y trae consigo los males que ya conocemos: corrupción, sindicatos venales, politización y desperdicio.
El Estado poniéndose a manejar las riquezas de un país es una garantía de desperdicio, gasto ineficiente, proyectos sin sustento, bancarrota. Con estos antecedentes sobre la mala actuación estatal, no es casual pues, que todo lo que administran el Estado mexicano o el venezolano, no funcione: petróleo, salud, educación, jubilaciones del sector público y pensiones, programas sociales, etc. y que hoy sean países inviables.