José Toro Hardy – el-nacional.com
08 de noviembre de 2018 12:13 AM
La producción petrolera de Venezuela viene cayendo en términos dramáticos. En 1998, al llegar al poder Chávez, superaba los 3.500.000 barriles diarios. Según fuentes secundarias de la OPEP, se ubica hoy por debajo de 1,2 millones de b/d y cae a razón de unos 45.000 b/d por mes. De haberse mantenido la Apertura Petrolera, nuestra producción debería superar los 6.000.000 de b/d.
¿Qué ocurrió?
El presidente Chávez quiso controlar a Pdvsa y ponerla al servicio de su revolución. Así lo confesó con motivo de la presentación de su Informe Anual y Cuenta ante la Asamblea Nacional en 2004. Pito en mano, comenzó a despedir a los principales gerentes de Pdvsa. “Yo provoqué el paro. Ellos cayeron en la trampa”. Despidió a más de 20.000 trabajadores con un promedio 15 años de experiencia y conocimiento: 300.000 años en total. Es decir, lanzó al cesto de la basura el cerebro de Pdvsa.
Cuando Rafael Ramírez declaró que Pdvsa era “roja rojita” le hizo un daño mortal. Le cambiaron su misión. Dejó de ser una empresa petrolera para dedicarse a mil funciones que no le correspondían.
La pusieron al servicio del Foro de Sao Paulo. La hundieron en un torbellino de corrupción indescriptible. Todo es producto de la politización, el dogmatismo, la corrupción, la ineficiencia y la ignorancia.
Después Chávez modificó la Ley de Hidrocarburos por vía habilitante e inconsulta, a fin de acabar con la Apertura Petrolera. Elevó sustancialmente los impuestos, la regalía y la participación de Pdvsa en las empresas mixtas que sustituyeron los contratos anteriores. Creó un modelo absolutamente inflexible que no podía funcionar.
Endeudaron Pdvsa a niveles inconcebibles e impagables. Desconocieron contratos, lo que ha llevado a numerosos arbitrajes internacionales que siempre perdemos. Degradaron a Citgo, y hoy estamos a punto de perderla.
Engañaron al país con la faja del Orinoco. Si bien es la mayor acumulación de petróleo “in situ” que se conoce, su petróleo es de tan mala calidad que conforme a normas internacionales se consideraba que apenas cerca de 5% era económicamente explotable con las técnicas actuales. Sin embargo, para afirmar que teníamos “las mayores reservas petroleras del mundo” elevó el factor de recobro a 19% contra todo raciocinio.
No tenemos las mayores reservas petroleras del mundo, pero sí tenemos más petróleo que el que tienen México, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Brasil juntos.
Tenemos, pues, suficientes reservas para aspirar a incrementar nuestra producción a unos 5 millones de barriles diarios por los próximos 30 años. Para hacerlo, habrá que gastar entre 25.000 millones y 30.000 millones de dólares por año entre inversiones y gastos de operación por los próximos 7 años solamente para recuperar la producción que teníamos en 1998, es decir, 3.500.000 b/d. Mucho más si aspiramos a niveles más altos. El Estado carece de esos recursos.
Estamos contra reloj. Es un hecho que el petróleo, en razón de ser un combustible fósil que contribuye al recalentamiento de la atmósfera, comenzará a ser desplazado por otros agentes energéticos menos contaminantes, tales como la energía solar, la eólica, los biocombustibles, el gas y otros.
Si nos apuramos, aún tenemos una “ventana de oportunidades”. Según la Agencia Internacional de la Energía, de aquí al año 2040 la demanda global de energía crecerá en términos acelerados. Para esa fecha su solo crecimiento equivaldrá al actual consumo sumado de China e India juntas. Después el consumo de petróleo comenzará a declinar frente a otros agentes.
Esto lo saben los productores de petróleo y todos se están apresurando a atraer las inversiones necesarias para incrementar lo más posible su producción.
Tenemos que competir con ellos. Tenemos que flexibilizar las condiciones aprobando, a la mayor brevedad, una Ley Orgánica de Hidrocarburos realista, capaz de contribuir con ese objetivo. Será el efecto multiplicador de esas inversiones lo que servirá para recuperar nuestra economía. El petróleo no es un fin en sí mismo. Es un medio cuyos recursos deben aplicarse a fin de enrumbar al país por la vía de un crecimiento económico y social equilibrado sostenible.