Es del conocimiento del país en general y del Gobierno Nacional en particular que el presupuesto asignado a las Universidades venezolanas para su funcionamiento y el pago de sueldos y salarios resulta inferior a sus necesidades reales, lo que afecta el nivel de vida de los miembros de la comunidad universitaria, y las condiciones en que se desarrollan las actividades académicas, de investigación, extensión, administrativas y estudiantiles.
El incumplimiento de la Ley de Presupuesto y del cronograma de desembolsos mensuales de los recursos para el pago de los salarios violentan los preceptos constitucionales y legales en materia laboral, lo que impacta el derecho a un salario suficiente y oportuno que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales, lo que se ve agravado en la realidad por el alto índice de inflación, y desabastecimiento en el sector agroalimentario y de salud.
Es imperativo la revisión y actualización inmediata de la tabla de salarios y beneficios socio económicos de los trabajares universitarios, que permitan elevar la calidad de vida afectada por el deterioro progresivo ante un reiterado incumplimiento de los derechos laborales del sector universitario, que se profundiza en virtud de la crisis política, económica y social por la que atraviesa el país, y que ha llevado al personal docente, administrativo y obrero al empobrecimiento de su calidad de vida.
Una de las áreas socio-económicas de mayor afectación es la de salud. El gobierno en su pretendida política de permanente agresión contra la universidad solo busca centralizar los recursos económicos relacionados con las pólizas de seguros HCM pasando por encima de los IPP del sector universitario, dejando de esa manera desamparado al personal de la comunidad universitaria. Igualmente, la permanente reconducción presupuestaria no permite indexar los montos asignados a la seguridad social con los índices inflacionarios, lo que se traduce en un pírrico presupuesto para atender las emergencias que los problemas de salud puedan generar en el personal de la universidad.
El sistema previsional y de salud está afectado por una profunda crisis, provocada por el gobierno al centralizar los recursos en el MPPEUCT, el cual no garantiza la prestación oportuna del servicios, a la vez que asfixia a los institutos de previsión (IPP), negándoles el envío oportuno de los recursos que corresponden, por derechos adquiridos a los profesores universitarios.
No resulta temerario, señalar o decir que en la práctica los docentes universitarios están “Condenados a Muerte” si les tocara enfrentar alguna contingencia grave de salud. En primer lugar, tendrán que soportar “El Ruleteo” por los distintos centros de atención médica, hasta lograr encontrar uno que acepte al IPP. Luego, pasara a enfrentar las condiciones económicas de la clínica para poder ingresar. No disponer de una tarjeta de crédito representa quedarse afuera del recinto médico.
Si logró ingresar, comienza el vía crucis del tratamiento o de la operación. En la mayoría de los casos los familiares deben salir a buscar los insumos necesarios, ya que no están disponibles en el centro médico. Al conseguirlos, enfrentan de nuevo la coyuntura de los altos costos producto de la escasez de insumos y medicinas.
Si alcanzó a superar las etapas anteriores, le toca ahora superar la permanencia en las salas de “Cuidados Intensivos” donde los costos por día, se calculan en millones de bolívares.
Si mejora y lo dan de alta, el endeudamiento económico personal, o familiar, que tuvo que asumir para cancelar las facturas con toda seguridad generara un estado de stress que afectara negativamente la recuperación del paciente.
En la etapa final, la del tratamiento post operatorio o de recuperación, si requiere de quimioterapia, radioterapias o aplicación de medicinas especiales….comienza nuevamente la angustia personal y familiar por la búsqueda de los medicamentos requeridos que no se consiguen en las farmacias nacionales.
Las políticas, de este régimen, contra las universidades pretenden colocarnos en un corredor de la muerte en lo referente a la materia salud. La seguridad social de los profesores universitarios, ha sido transformada por el régimen en un estado absoluto de indefensión conducente a la desaparición física. Corresponde entonces a la comunidad universitaria, elevar su voz de protesta y emprender todas las acciones gremiales que sean necesarias para rescatar e implementar una verdadera y eficiente Asistencia Social Integral que supere a la cultura de la muerte de este nefasto gobierno.
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