EL NACIONAL – 02 de noviembre de 2017 01:15 AM
La UCV rechazó la orden judicial de suspender los concursos y exigió respeto al derecho a la educación
El Consejo Universitario de la UCV, en sesión extraordinaria, rechazó la sentencia del Tribunal Superior 10° de lo Contencioso Administrativo, del 17 de octubre de 2017, por considerarla una violación de la Constitución y de las leyes que rigen la actividad universitaria, y exigió respeto a la institucionalidad, al derecho a la educación, así como a los derechos humanos de la comunidad docente y estudiantil.
El tribunal, al acordar un amparo solicitado por un profesor de Derecho contratado, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, quien alegó que el llamado a concurso de oposición que se hizo en septiembre violó su derecho de igualdad y del trabajo, ordenó suspender los concursos de oposición para el docente y todos aquellos que estuviesen en la misma condición, “mientras no haya elecciones universitarias mediante las cuales se designen autoridades legítimas, el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas”.
El Consejo Universitario en un comunicado consideró que la decisión judicial desconoce el sistema de ingreso, ubicación y ascenso en el escalafón del personal docente y de investigación de la casa de estudios, y denunció el uso “de artificios y manipulaciones” para lesionar la autonomía.
“No quiero lesionar la autonomía”
El profesor de Derecho de la UCV, Henry J. Martínez, solicitante del recurso de amparo, aunque no fue identificado en las denuncias de las autoridades de la facultad, se dio por aludido y aclaró que su interés no es lesionar la autonomía universitaria. Con siete años de docencia al servicio de facultad, reitera que se le violaron sus derechos con el llamado a concurso porque “el Consejo de Facultad tiene el período vencido y tanto la decana como la rectora están en desacato a la decisión N° 104 de la Sala Electoral del TSJ”. Sin considerar que el TSJ ha suspendido tres veces elecciones en la UCV desde 2008, entre ellas la de decanos en 2011, Martínez admitió que “la sentencia paraliza los concursos hasta tanto se designen autoridades legítimas mediante sufragio, por lo cual cualquier llamado a concurso debe ser impugnado y considerado nulo”. Dijo que es falso que la sentencia abarque a toda la universidad.