Tanto el Gobierno mexicano como el venezolano han tratado de ignorar sus nexos con el escándalo de corrupción brasileño que involucra a 10 países latinoamericanos.
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Ignorar y ocultar
México y Venezuela tomaron la vereda del silencio para enfrentar las últimas declaraciones que Marcelo Odebrecht ha hecho ante la Justicia respecto a sus lazos e inversiones en ambos países.
Por un lado, el Gobierno de Maduro suspendió los contratos que se mantenían vigentes con la empresa brasileña, y mientras que la Fiscalía General de la República abría una investigación para aclarar qué funcionarios recibieron sobornos, el presidente venezolano optó por el silencio absoluto para enfrentar la acusación, que desde mayo pasado lo involucra con la financiación irregular de la campaña electoral por la reelección de Chávez, en 2012.
Según la justicia estadounidense, que también investiga las practicas corruptas de Odebrecht, el dinero que la empresa pagó en Venezuela es de 98 millones de dólares entre los años 2006 y 2015, adjudicándose a su vez importantes licitaciones de obras como la extensión de la línea 5 del metro de Caracas.
Los avances de las pesquisas lideradas en Caracas por la fiscal Luisa Ortega, que viajó en febrero a Brasil para cruzar información con el Procurador General de ese país, ya tiene a dos imputadas. Se trata de María Baptista y Elita Zacarias, la esposa y suegra respectivamente del exministro Haiman El Troudi.
A pesar de estos pequeños avances, Ivo Hernández, investigador y académico del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Münster, señala a DW que "en Venezuela, los venezolanos no saben nada sobre el caso porque estamos hablando de entramados que se hicieron de Gobierno a Gobierno, y el dinero que pudiese haber dado Odebrecht se repartió aparentemente en distintos niveles y a distintas personas. No se sabe nada porque esto pertenece a ese misterio en el cual se manejaban los acuerdos gubernamentales que se hacían primero en el mandato del fallecido Hugo Chávez y luego con Maduro. A menos que Odebrecht provea pruebas contundentes que puedan demostrar que una parte del Gobierno venezolano está involucrado en esta trama, la actual dictadura no dará ningún tipo de cifras ni nombres de las empresas ligadas a Odebrecht, lo único que se sabe es que esta empresa tiene presencia en Venezuela hace muchos años”.
Según Hernández, la única forma de que se conozca la verdad de los delitos de corrupción cometidos en Venezuela dentro del marco de la operación "Lava Jato” requiere de la unión de la Fiscalía General con la Asamblea Nacional. "La investigación de la fiscal nacional tendría futuro si a ella se sumase la Asamblea Nacional, sólo si se abocaran en el mismo propósito se podría crear una fuerza colectiva tal que permita una investigación de gran envergadura que comunique directamente a la Asamblea venezolana con el Parlamento de Brasil, evitando con ello que el Ejecutivo venezolano concrete su intención delictiva".
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Clave para inculpar en Venezuela a culpables de delitos son la Asamblea Nacional y la Fiscalia Nacional, es por esta razón ( una de ellas ) la urgencia de la nueva Asamblea Nacional Constituyente ya declarado abiertamente por Diosdado Cabello, para eliminar la Asamblea y la Fiscal Nacional.