José Guerra.- El causante de que Venezuela tenga la mayor inflación del mundo es el Banco Central, quien emite dinero de la nada para financiar el déficit fiscal. La irresponsabilidad de las autoridades del BCV no tiene límites. Ello ha provocado la destrucción de la moneda nacional y la depauperación de los salarios. Sin embargo, el BCV tiene un cómplice en esa labor destructora de la moneda: el Tribunal Supremo de Justicia, especialmente en su Sala Constitucional.
En junio de 2005 cuando se reformó la Ley del BCV con el objeto de quitarle al BCV sus reservas internacionales y permitir emisiones de dinero sin respaldo, concurrimos ante el TSJ un grupo de venezolanos para alertar del peligro inflacionario de tal reforma. Sin embrago, la entonces presidenta del TSJ, Luisa Estela Morales, mediante sentencia que le elaboró el mismo BCV, porque ella no era apta para el objetivo, declaró, en 2007, que no había peligro cierto de que la inflación fuese un problema para la economía venezolana. Los hechos han demostrado semejante irresponsabilidad de la abogada Morales, hoy jubilada del TSJ.
Ahora en 2016 se presenta una situación parecida. Con un proceso hiperinflacionario en puertas, provocado por la emisión sin control de dinero, con la Asamblea Nacional actuando responsablemente procurando defender la autonomía del BCV y con ello preservar el valor de la moneda, el TSJ decidió de la forma más patética, seguir validando la inflación. La Sala Constitucional, con una sentencia firmada por Calixto Ortega, un magistrado absolutamente ignorante en asuntos monetarios y fiscales, actuando antes como una ficha del partido PSUV que como magistrado, decidió que Venezuela va a seguir empobreciéndose, al registrar inflaciones elevadas, como las que actualmente sacuden la economía. Ortega ha sido una especie de utility del gobierno: en la lista de cargos ocupados destacan vice ministro, embajador, encargado de negocios y diputado hasta diciembre de 2015. Los criterios de solvencia e independencia que deben ser potestativos de un magistrado claramente no se cumplen en el caso de Ortega, a quien no se lo conoce ni un párrafo escrito y menos publicado en materia de derecho constitucional. Tengo dudas que Ortega haya escrito esa sentencia de su propia mano.
Ya la Asamblea Nacional como expresión de la voluntad de cambio del pueblo venezolano sabrá dar respuesta a este adefesio legal y contribuir a restaurar la estabilidad del bolívar y asegurar el poder de compra de los salarios en Venezuela.
