01-03-2016 14:45:59
Periodista:Maritza Villarroel
Fotografo:Wilmer Tovar
Luego de un intenso debate el Bloque Parlamentario de la Unidad aprobó revocar la designación de los Magistrados y Magistradas principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia que fueron designados el pasado 23 de diciembre del año 2015. Asimismo se acordó reformar urgentemente la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
La decisión se tomó luego de aprobar el informe presentado por la Comisión Especial designada por la Asamblea Nacional para analizar si el proceso de selección y designación de magistrados principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, electos el 23 de diciembre de 2015, la cual presidió el diputado Carlos Berrizbeitia (Unidad-Carabobo), se hizo bajo los parámetros establecidos en la Ley.
El documento destaca que la plenaria de la AN no designó un presidente que llenara la falta absoluta producida por la denuncia del diputado Elvis Amoroso conforme al Reglamento Interno del Comité de Postulaciones Judiciales, lo que constituye una alteración en la conformación del Comité de Postulaciones que desarrolló el proceso de selección de los candidatos a ocupar los cargos de magistrados y magistradas, que a su vez devino en ilegalidad su funcionamiento.
En dicho informe se estipula que se violentaron las normas constitucionales, legales y reglamentarias para alterar el proceso de selección de magistrados y magistradas principales y suplentes, adicionalmente se realizaron actos dirigidos a generar vacantes en el TSJ, para colocar magistrados y magistradas afectas al gobierno que permitan emitir pronunciamientos favorables a los designios del Ejecutivo Nacional. Se recomienda a la plenaria reformar la Ley Orgánica del TSJ.
Asimismo, hubo violación a la Constitución Bolivariana de Venezuela, a la Ley Orgánica del TSJ, al Reglamento Interior y de Debates de la AN y al Reglamento Interno del Comité de Postulaciones Judiciales.
En el informe se recomienda que la AN solicite a los órganos del Poder Ciudadano las acciones pertinentes a los fines de hacer jurídicamente efectivas las responsabilidades de acuerdo a la Constitución.
El diputado Berrizbeitia destacó que la bancada del gobierno se negó a formar parte de esta comisión especial y "a participar para evitar que salga a la luz pública las violaciones de la ley y el abuso de poder. Ellos dejaron en claro la falta de moral, la falta de ética y la falta de integridad", señaló el diputado de la Unidad.
Añadió que un grupo de diputados en clara violación de la ley y abuso de poder decidieron nombrar 13 magistrados principales y 21 suplentes afines a su partido político. Destacó que en la lista incluyeron, de manera descarada, a un ex diputado del PSUV no reelecto el 6 de diciembre.
El diputado Berrizbeitía recordó que los ciudadanos Luis Ortiz y Carmen Porras, ex magistrados del TSJ, fueron obligados a renunciar a sus cargos cuando ya la bancada de Maduro sabía que habían perdido en las elecciones del 6-D. “Estos profesionales fueron sustituidos por magistrados express”, advirtió el parlamentario.
Dijo que hoy el TSJ es un obstáculo para que todo el país se congregue en torno a la justicia, "por eso lo vamos a rescatar y va a ser un instrumento de unión entre todos los venezolanos", precisó el presidente de la Comisión Especial.
Por su parte, el diputado Pedro Carreño (Bloque del PSUV-Delta Amacuro) calificó de inconstitucional la Comisión Especial referida y dijo que el artículo 265 de la Constitución determina el mecanismo para la remoción de los magistrados y magistradas, y en ninguna de sus partes se habla de una comisión para revisar magistrados.
“Un proceso de este tipo necesita la aprobación del Poder Ciudadano y luego de la Asamblea Nacional. Las funciones, deberes, competencias y atribuciones de la AN están claramente establecidas en la Carta Magna y en ninguno de sus artículos se le da esa facultad de designar una comisión para cumplir esta tarea dentro de la Asamblea“, explicó Carreño.
El diputado Juan Marín (Bloque del PSUV-Guárico) destacó que se empeñan en aprobar este informe y el 335 establece como debemos asumir una decisión del TSJ que es el máximo intérprete después de la Constitución. Agregó que continuarán con el pueblo quitándole la careta a los opositores.
Por su parte el diputado Amerigo Di Gracia (Unidad-Bolívar) dijo que Venezuela quiere salir de este régimen y así lo demostró el pasado 6 de diciembre. “La institución más desprestigiada del país es el TSJ, más del 52% rechaza como se ha administrado este poder”, afirmó el parlamentario no sin antes considerar que hay que declarar la emergencia legislativa para la reforma de inmediato la Ley Orgánica del TSJ.
El diputado Luis Emilio Rondón (Unidad-Nueva Esparta) destacó que lo que plantea el informe es la revisión de un acto cuyas formalidades no se cumplieron.
“No sé cuando se convirtió Elvis Amoroso en un jurista reconocido”, se preguntó Rondón.
El informe fue aprobado con el voto salvado del Bloque del PSUV. El presidente de la AN, diputado Henry Ramos Allup (Unidad-Distrito Capital) dijo, al finalizar el debate, que la implementación de las recomendaciones del informe serán arbitradas por la Cámara, con posterioridad.