El mensaje del 1ero de mayo y un paso más al control del Estado sobre alimentos, bienes y servicios.
Carlos Romero
El Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, Especulación, Boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de alimentos o productos sometidos a control de precios, publicada en Gaceta Oficial 38.862, del 31 de enero de 2008, declaró en su artículo 4 de manera expresa la utilidad pública e interés social de todos los bienes necesarios para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos o productos sometidos al control de precios.
Posteriormente el 1 de febrero del 2010 la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, deroga el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial señalado en el párrafo anterior, y si bien mantiene la declaración de utilidad pública e interés social sobre todos los bienes necesarios para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización, lo amplía a todos los bienes y servicios
Desde el 2008 el Gobierno quedó facultado a expropiar sin la necesidad de cumplir con formalidad alguna; en la Ley del 2010, se extendió la medida y se estableció que mientras el proceso de expropiación se desarrollara, el gobierno podría de manera inmediata tomar medidas de ocupación, operatividad temporal e incautación de los bienes y servicios.
En este marco regulatorio que se creó con el Decreto presidencial que originalmente se aprobó en el 2007, luego se reformó parcialmente en el 2008 y se derogó con la Ley mencionada anteriormente del 2010, se introdujo la figura del Comité de Contraloría Social para el Abastecimiento de los Consejos Comunales, como instancia de participación para la promoción de la defensa de los derechos e intereses económicos y sociales de la comunidad.
Igualmente, se les encomendó a esos comité la labor de velar por el control, monitoreo, verificación, vigilancia relativa al abastecimiento de bienes y servicios de primera necesidad y agrega la norma, que también de bienes de cualquier otra naturaleza de interés colectivo en toda la cadena de distribución, producción y consumo.
Estas instancia si bien están obligadas a rendir cuentas al Consejo Comunal respectivo y a la Asamblea de Ciudadanos de su comunidad, terminan en la práctica y según el diseño legal, actuando como agentes del Ejecutivo, pues tan pronto concluyen con la fiscalización respectiva y si han encontrado alguna infracción, tienen el deber de notificar al Ejecutivo para que inicie el proceso de sanción respectivo.
El 13 de julio de 2011 una nota de prensa de AVN advierte sobre el inicio del registro de esos Comités en el Instituto para la Defensa de Personas en el Acceso de los Bienes y Servicios (INDEPABIS).[1]
Hay algunas otras evidencias que advierten de la creación de estos comités, por ejemplo el 19 de junio de 2011 se destaca la conformación de 50 comités para algunos sectores de la zona metropolitana[2]; el 22 de noviembre de ese mismo año, se mencionan 200 comités en Trujillo y en el año 2012 se hablaba de 120 comités en Portuguesa[3]. Es imposible conseguir información consolidada que permita validar una cifra de comités conformados a nivel nacional.
Resulta muy interesante evaluar hasta que punto en esos comités de contraloría social para el abastecimiento se pueden encontrar algunos antecedentes del origen de la figura del “bachaqueo” definida como “actividad de un grupo de vivos que se benefician ilícitamente de la necesidad de otros”[4]; pues quién más puede organizar una cadena paralela de distribución y venta, sino es aquél tercero que logró oportunamente, gracias al Estado, incluirse en una cadena de distribución y consumo, en la cual logró identificar una alternativa rentable de ingresos adicionales, aprovechándose de la necesidad existente.
En el año 2011 el gobierno creó otra instancia llamada Estado Mayor de Abastecimiento, cuya misión era atender el abastecimiento, la producción y las importaciones y la misma fue integrada por los ministros de: Agricultura y Tierra; Alimentación; Industrias, Economía y Finanzas; Banca Pública y además su estructura se completó con un Superintendente Nacional de Defensa de los Derechos Socio Económicos.[5]
Resulta oportuno destacar que hace unas semanas, el 4 de mayo de 2015, una nota de prensa hablaba de la existencia del Estado Mayor de Abastecimiento pero de la Gobernación de Mérida, que en una jornada en Timotes, suministró 4 toneladas de productos de limpieza e higiene personal. Por cierto que en esa Jornada PDVAL participó con 17 kilogramos de alimentos; también estuvo el INTT en operativo para expedir licencias y el CNE con un operativo para actualizar datos.[6]
Con toda la estructura legal existente, Maduro anuncia el 1ero de mayo la creación de un nuevo actor denominado Consejos Populares de Abastecimiento y Producción, que en teoría se organizará en función de fábricas y establecimietnos del país con la finalidad de atacar la escasez y la improductividad.[7]
El anuncio de estos Consejos, ha pasado sin pena ni gloria y no resulta una medida novedosa, sólo representa una nueva estructura política con la cual intentan profundizar el sistema de control absoluto del Estado sobre la sociedad y sus libertades. Según los medios de comunicación para el 2 de mayo, un día después del anuncio oficial ya se habían conformado 3.815 Consejos.[8]
No olvidemos que adicional a todo lo anteriormente señalado, en marzo 2014 se anunció una tarjeta de abastecimiento seguro, para compra en redes comerciales del Estado[9], y días previos al 1ero de mayo, Maduro anunciaba el lanzamiento del Sistema Abastecimiento Seguro, para garantizar el acceso a los alimentos y demás productos de la cesta básica.
El Sistema Abastecimiento Seguro, tampoco resulta novedoso, ya en septiembre 2014, se había anunciado un plan piloto, y que se iniciaría con la supuesta instalación de 1500 captahuellas en puntos de venta de alimentos en las redes públicas;[10] las cuales, ahora estarán activadas en todos los supermercados en 45 días a partir del 7 de abril de 2015[11].
Progresivamente se ha venido conformando una arquitectura legal para logar el objetivo 2.1 del Plan de la Patria 2013-2019 que plantea la transformación del sistema económico para la transición al modelo socialista, y para ello el mencionado Plan propuso varias acciones entre las cuales se destaca:
La organización de nuevas formas de organización que creen un nuevo tejido productivo (2.1.1).
La definción de estratégias para enfrentar cualquier escenario que se origine como consecuencia de la guerra económica (2.1.1.1);
La fijación de precios justos (2.1.2);
La construcción de un Plan de Abastecimiento de alimentos y bienes esenciales (2.1.4.9);
La distribución directa de insumos y productos, con lo cual creará una nueva institucioanlidad de gestión socialista (2.1.5).
El anuncio del 1º de mayo dejó un complemento de los pasos que viene siguiendo el gobierno en su intento de ejercer definitivamente el control absoluto de la sociedad y la sustitución de un sistema económico por otro, que está muy lejos de cualquier aspiración de desarrollo, y cuyo diseño no garantiza las libertades básicas y menos aún, el respeto a la dignidad del ser humano, como de hecho lo está experimentando y padeciendo la sociedad venezolana.
Carlos Romero Mendoza
Publicado en digital: http://estado-ley-democracia.blogspot.com/2015/05/el-1o-de-mayo-2015-un-paso-mas-hacia-el.html
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