Artículo escrito para Politika UCAB. Carlos Romero Mendoza / 21 de noviembre de 2014
La Declaración de San Juan advierte que para fortalecer la ciudadanía, es necesario la consolidación, revalorización y profundización de la identidad local
La Ley Habilitante le ha permitido a Nicolás Maduro aprobar una serie de leyes, entre las cuales, no sorprende que haya un grupo que reiteran el rumbo político de consolidar un nuevo orden territorial, sobre el cual edificar un modelo político que aspira a confiscar todo espacio de libertad individual que le vaya quedando al venezolano.
La Ley de Regionalización Integral del Desarrollo Socioproductivo de la Patria, es una de ellas y la misma, tan solo analizando su titulo, advierte la tendencia a regionalizar el territorio, impulsando los distritos motores, los ejes de desarrollo, entre otras figuras que están previstas en el Plan de la Patria 2013-2019 y que también son asumidas en el proyecto de Ley de Planificación, Ordenación y Gestión del Territorio que reposa en la Asamblea Nacional en segunda discusión.
Las otras leyes tienen que ver con la reforma a la Ley de Gestión Comunitaria de servicios, competencias y atribuciones, la Ley de financiamiento para el Poder Popular y la ley que busca profundizar el sistema nacional de Misiones, estas tres alertan sobre la transformación del tejido social; es decir, con ellas se profundiza un sistema que a través de financiamiento público, busca conformar las bases de un Estado Comunal, en detrimento del Poder Público Municipal, asumiendo al vecino, no como ciudadano, sino como actor local de la revolución y sus fines.
Mientras la sociedad venezolana experimenta una profunda crisis, que como lo advirtió la Conferencia Episcopal Venezolana en abril 2014[1], es producto de la imposición del Plan de la Patria 2013-2019, en Iberoamérica, los municipalistas han logrado consensos importantes sobre el Municipio que exige el Siglo XXI.
Economía y desarrollo local sostenible: los retos del municipio en el siglo XXI, es el título que registra la Declaración Final del XI Congreso Iberoamericano de Municipalistas, celebrado entre el 5 al 10 de octubre 2014 en la provincia de San Juan, Argentina; promovido por la Unión Iberoamericana de Municipalistas en conjunto con la Secretaria General Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, la Cámara de Diputados de Argentina y la Legislatura de la Provincia de San Juan, Argentina[2].
La Declaración de San Juan, Argentina, presenta un municipio que asume un rol mucho más proactivo en el desarrollo sostenible, en tal sentido, en el contenido del documento se eleva el llamado a los gobiernos locales a construir y promover un “patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental, en una economía productiva y competitiva”.
Ese desarrollo sostenible, afirma la Declaración, debe inspirar y orientar las estrategias para alcanzar una “máxima calidad de vida dentro de los límites que pueden soportar los ecosistemas.” Y precisamente, el sistema político y la participación ciudadana, deben ser las herramientas adecuadas para priorizar la actuación sobre la calidad de vida respectiva.
El ciudadano es reconocido en la Declaración como actor principal de los cambios y en tal sentido, se exhorta a la creación de espacios, estructuras y herramientas que permitan y faciliten la inclusión de los ciudadanos como “artífices de su propio destino”, conscientes de los problemas locales y proactivos en la búsqueda de las soluciones; con ello se logrará un mayor grado de gobernabilidad. La Declaración advierte que para fortalecer la ciudadanía, es necesario la consolidación, revalorización y profundización de la identidad local.
En el contenido de la Declaración destaca un importante llamado a la reflexión para entender la responsabilidad de quienes toman las decisiones, pues recuerda que esas decisiones de hoy, deben buscar satisfacer las necesidades del presente; pero que no pueden comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades.
El municipio que resulta de la Declaración de San Juan, tiene por delante importantes retos, que se traducen en gobiernos locales que en su actuación se comprometan a:
- Entender la necesidad de implementar procesos innovadores y de cambio en la vida local, como estrategia para la modernización de la gestión pública.
- Invertir mayor “inteligencia institucional” para facilitar importantes niveles de cooperación y colaboración entre sociedad civil, sector privado y gobierno en la gestión pública y como motores de desarrollo.
- Desarrollar políticas que garanticen la transparencia, la participación ciudadana y el acceso a la información como instrumentos útiles para sembrar ciudadanía.
- Impulsar políticas para el cuidado y uso razonable de recursos naturales de nuestros territorios, que con ello demuestren su sensibilización frente a los riesgos ambientales, promoviendo además, una mayor educación ambiental, orientada a comprometer al ciudadano con el desarrollo eco-eficiente de su territorio.
Una buena conclusión de los debates sobre el municipio iberoamericano del Siglo XXI se expresan en las siguientes palabras del vicegobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac:“el nuevo rol del municipalismo es pasar de prestar servicios a ser el verdadero motor de la economía y el desarrollo social en la verdadera obligación que tienen hoy los intendentes que es planificar. El desarrollo y la planificación a través de la participación ciudadana son los nuevos desafíos, es por eso que la agenda de los líderes locales será planificar el desarrollo con participación ciudadana”.[3]
La destrucción institucional que impacta el Estado venezolano, inhabilita en la práctica a nuestros municipios para asumir el reto efectivo de ser verdaderos motores de la economía y el desarrollo social. El Consejo Local de Planificación Pública podría ser el epicentro institucional idóneo para hacer del municipio un actor de desarrollo, y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, ser la norma que inspire la “inteligencia institucional” para facilitar la participación ciudadana, pero el tejido legal del Poder Popular lo impide.
Así como en 1911 Francisco Linares Alcántara (hijo) en la I Convención de Municipalidades advirtió que el Municipio había sobrevivido como organización política “cual inmune salamandra entre las voraces llamaradas de todas nuestras contiendas y resistido tanto empeño consecutivo de cambios y reformas, para quedar siempre con vida sobre ruinas de costumbres, de leyes y Gobiernos[4]”, hoy un poco más de 100 años después, debemos por un lado preguntarnos ¿sobrevivirá el Municipio? y por otro, ocuparnos porque sobreviva como unidad política primaria.
http://politikaucab.net/2014/11/21/que-queda-del-municipio/
[1] Romero, Carlos. La Conferencia Episcopal y nuestra responsabilidad en la crisis actúal. 15 de abril 2014. Online en: http://estado-ley-democracia.blogspot.com/2014/04/la-conferencia-episcopal-y-nuestra.html
[2] Declaración de San Juan. Recuperada el 17 de noviembre de 2014. Online en:http://casgroup.fiu.edu/news/docs/2782/1414441203_.pdf
[3]San Juan 8.COM. Terminó el Congreso de Municipalistas y todos piden más participación ciudadana. 08 de octubre 2014. Online en: http://www.sanjuan8.com/sanjuan/Termino-el-Congreso-de-Municipalistas-y-todos-piden-mas-participacion-ciudadana-20141008-0046.html
[4] CONGRESO DE LA REPUBLICA. Palabras de instalación del Congreso de Municipios. 19 de abril 1911. En: Pensamiento Político Venezolano Siglo XX. Actas y Conclusiones del I Congreso de Municipalidades de Venezuela. Congreso de la República de Venezuela. Edición Conmemorativa al Bicentenario de Natalicio de Simón Bolívar. 1983. Pp 17