Constructores prepagados
Los terrenos y obras expropiadas están parando en manos de los amigos del régimen
RAFAEL J. CHAVERO GAZDIK | EL UNIVERSAL
miércoles 5 de diciembre de 2012 12:00 AM
El reciente marco regulatorio de la construcción de viviendas está hecho con la intención de que no se construya. Se permiten expropiaciones sin justas indemnizaciones; se afectan terrenos para edificaciones de política habitacional, pero no se establecen las condiciones de desarrollo; se reserva un porcentaje (y no se dice cuánto) para el alquiler; se burocratizan las preventas de inmuebles; se triplican los trámites de permisología; y lo más grave, es que se deja abierta la fijación de los precios de los inmuebles y los márgenes de ganancia, sin incluir la totalidad de los costos. Ello sin menoscabar el hecho de que no hay materiales para la industria y se le arrebató a los municipios sus competencias urbanísticas.
Nadie en su sano juicio se atreverá a construir viviendas, si sabe que mientras lo hace le pueden imponer el precio de venta de los metros cuadrados, sin ningún tipo de racionalidad económica. La construcción es un negocio, y para ello se requiere seguridad jurídica y el retorno esperado. Aquí han pagado justos por pecadores, pues no todos los constructores son tan viles como los quiere dibujar el gobierno.
Luce contradictorio que por un lado se haya creado toda una propaganda pública a favor de la construcción de viviendas, pero al mismo tiempo se haya diseñado un cerco para la empresa privada del sector. Existen múltiples políticas públicas que pudieran crear verdaderos incentivos destinados a estimular y multiplicar la construcción de viviendas (más créditos privilegiados, descuentos impositivos, incentivos urbanísticos, etc.). Pero eso es contrario a las ideologías atávicas.
La única razón para justificar tan inverosímil legislación es que la finalidad no es multiplicar el número de viviendas, sino cambiar a los actores del negocio. Los únicos que se atreverán a construir en estas condiciones tan hostiles serán aquellos apoyados por el Gobierno. Sólo quien tenga la seguridad de que la ley no se le aplicará, podrá asumir el riesgo de aventurarse en un negocio tan riesgoso.
Los terrenos y obras expropiadas están parando en manos de los amigos del régimen, y al mismo destino irán las futuras inversiones. Éstos serán los únicos que podrán dedicarse a la construcción de viviendas, a cambio de las comisiones y demás arreglos subrepticios. El resto de los empresarios no podrán ser sino simples contratistas, abyectos a condiciones de pago caprichosas y hasta leoninas.
Este es el típico cerco que pone en evidencia lo absurdo de las intervenciones estatales exageradas y caprichosas. La propiedad y libertad son ya valores depreciados.