Un grupo de hasta 120 trabajadores se agruparon el pasado lunes para reclamar ante contratista del gobierno en Fuerte Murachí, en Táchira. Por lo que fueron detenidos e imputados de tres delitos de jurisdicción castrense y llevan 11 días en la cárcel de Santa Ana
VÍCTOR AMAYA
En medio de acusaciones al gobierno nacional de política antiobrera, en especial por las deudas acumuladas en la firma de contratos colectivos, se abre otro frente de protesta laboral. En Táchira, un grupo de hasta 120 trabajadores se agruparon el lunes 13 pasado para protestar por la construcción que la Misión Vivienda hace en terrenos del Fuerte Murachí, en el municipio Torbes.
Era el día 117 de protesta continua ante la empresa Xacobeo C.A., contratista del gobierno nacional, por deudas que acumulan más de cinco millones de bolívares, según Alberto Maldonado, presidente de Fetratachira.
Luego que el Ministerio del Trabajo les diera la razón un mes antes en la Inspectoría les dijeron que la respuesta “la tenemos en la obra”. Así que fueron al Fuerte y allí se encontraron con un pelotón del Ejército.
Ramiro Parada, dirigente del sindicato que lidera los reclamos, dijo a Tal Cual que un capitán llamó a los dirigentes aparte “para conciliar” pero una vez reunidos el uniformado les informó que quedaban detenidos por violar una zona de seguridad. Un supuesto que el sindicalista rechaza asegurando que “nos metimos por detrás del cuartel, por donde entran los camiones y los obreros a trabajar”.
Ahora Parada, junto a Arturo González, Miguel Torres, José Mora y Wilander Oropeza están encarcelados desde hace 11 días en la prisión militar del retén de Santa Ana, con la fortuna de que “no estamos con los presos comunes, aquí nos tratan mejor”. Sus familiares pueden visitarlos durante fines de semana.
DEBE SER JUICIO CIVIL
El abogado defensor Pedro Díaz detalla que a los 5 detenidos se les acusa de ultraje a un centinela y ultraje a la FAN, delitos contemplados en el Código Penal Militar, y violación de la seguridad nacional.
El caso está en el Tribunal 11º de Control Penal Militar de Táchira, al que la defensa solicitó medidas sustitutivas de libertad que pudieran ser respondidas hoy. El proceso se ha tardado porque la juez titular está de baja por maternidad y un suplente conoció la causa pero entregó el expediente al que deberá pronunciarse finalmente, pero que en estos 11 días “no ha tenido despacho”.
La organización Provea exigió la liberación de los trabajadores y dijo que el caso “deja en evidencia que en Venezuela se criminaliza la protesta”. Recordó Provea que la Constitución establece el derecho a ser juzgado “por sus jueces naturales”, por lo que “no es un juez militar quien juzga a un civil”; así como que “hay más de 100 sindicalistas sometidos a juicios penales por reivindicar las contrataciones colectivas, el derecho a huelga y la libertad sindical”.
El día de las detenciones, el presidente de Fetratachira, Alberto Maldonado, dijo que quedó demostrado cómo “las FAN se ponen al servicio de empresarios”. Entretanto, la obra está paralizada, nadie del gobierno se ha aparecido para obligar a la empresa a cumplir sus compromisos, ni ningún representante de la constructora Xacobeo C.A. ha dado a cara.
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