Guaicaipuro Lameda: El Crimen de Amuay
El incidente ocurrido en el complejo refinador Paraguaná no es un mero accidente, más bien es la consecuencia inevitable de una situación continuada y agravada de la cual el mundo ha sido su testigo presencial. También entiendo que esa es una tragedia que nadie desea que ocurra o que se propicie deliberadamente, a menos que fuese una acción terrorista y ese no es el caso.
En mi opinión, la tragedia se fue construyendo paso a paso mediante un cúmulo de hechos que dan cuenta del proceso de desviación y deterioro institucional impulsado durante la última década por unos directivos y ejecutivos que se esfuerzan por mostrar y forzar la lealtad de la gente a un proceso político poniendo de lado las necesidades reales del negocio petrolero. Esta es la consecuencia de poner lo político por encima de lo económico en un negocio de elevadísimo riesgo para la seguridad de las personas, de la infraestructura y del entorno que le rodea.
En la última década, PDVSA pasó de ser una corporación de negocios para convertirse en una organización “ROJA, ROJITA”, lema que traiciona el compromiso adquirido en discurso presidencial pronunciado en la propia sede de PDVSA el 10 de noviembre de 2.000: “PDVSA no es una empresa para hacer proyectos políticos o personales, como lo fue hasta hace poco. Eso hay que dejarlo atrás….”
Esa traición “Roja, Rojita” empujó para darle mayor importancia al vestir de rojo, a sustituir con rojo al color identificaba la corporación, a poner el tinte político por encima de lo medular del negocio y a distraer la atención de ejecutivos y trabajadores en tareas que, siendo importantes en lo social, actúan como distractores que contribuyen con la ocurrencia de paradas no programadas en las plantas y accidentes recurrentes que presagian un siniestro mayor. Así ocurrió.
Para darnos una idea del riesgo al que está sometida la península de Paraguaná, basta con considerar que el complejo refinador tiene una capacidad instalada para procesar 940.000 barriles de crudo por día, ese flujo es equivalente a llenar totalmente el tanque de gasolina a unos 45 vehículos por segundo, durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Ese es el volumen de material combustible o explosivo que podría estar en movimiento en cualquier momento. Ello sin contar con el volumen de hidrocarburos que se encuentra almacenado en diferentes sitios como parte indispensable del proceso hasta despachar el producto terminado. Ese sólo hecho exige a los ejecutivos de PDVSA la obligación de garantizar la excelencia en materia de seguridad, sistemas de alarma ante el más mínimo evento que presagie un accidente y mecanismos de control y reacción inmediata que minimicen las posibilidades de ocurrencia de un accidente cada segundo, durante las 24 horas del día, los 365 días del año. No en balde esa refinería fue galardonada con reconocimientos por su excelencia en seguridad y por su prolongada operación sin ocurrencia de accidentes o paradas no programadas. Lamentablemente, eso se extinguió bajo el silencio y la subordinación a la solidaridad cómplice entre los camaradas revolucionarios de la PDVSA “Roja, Rojita” y de todo el poder externo que les apoya en esta tropelía.
En el fondo, esta tragedia es más de lo mismo que ocurre y se repite en diferentes áreas del país y que lamentablemente nos mantiene en vilo y a la espera de la próxima tragedia que ocurrirá cuando estalle otra de esas “BOMBAS DE TIEMPO” que se pretenden ocultar, pero que se construyen ante los ojos de todos y con conocimiento de causa por parte de una jefatura política irresponsable que ha barrido con la esencia de las instituciones para convertirlas en sus frentes políticos que luchan por el control del poder y el reparto de un botín que se termina pagando con la vida de la gente. He allí la razón del delito, el de la omisión o la negligencia para para prevenir actuando a tiempo o anticipadamente.
Para los aún incrédulos ante estos planteamientos, les refiero a tres tragedias. La primera, se ha hecho cotidiana y ya no nos asombra, hoy día nos conformamos haciendo lo posible para que no nos toque. Los funcionarios con poder y recursos se rodean de escoltas, de vehículos blindados, se ponen chalecos antibalas y nos dicen que la situación es normal, que está bajo control o que está mejorando, pero no es así, basta con revisar las cifras oficiales sobre los muertos que ocurren a manos de la violencia armada, para ver que esta tragedia cotidiana es la más grande que vive el país, con una cuenta que supera a los 100.000 muertos en una década. La segunda, es la situación penitenciaria, denunciada inútilmente por veedores y víctimas cuyas voces, al igual que con toda otra denuncia, son acalladas por declaraciones oficiales que hablan de tranquilidad, normalidad y control de la situación para luego arremeter contra esas voces acusándolas de promover mentiras y campañas mediáticas desestabilizadoras (http://www.youtube.com/watch?v=P869lIZ_hY4); sin embargo, la tragedia no se hizo esperar y la violencia se apoderó de la cárcel de yare para que, según el parte oficial, ocurrieran 25 muertes y 43 heridos; este tampoco fue un mero incidente, también es la consecuencia no deseada pero inevitable de esa solidaridad cómplice entre camaradas revolucionarios. La tercera tragedia la constituye el colapso del puente de Cúpira donde, afortunadamente, hubo sólo daños materiales pero su ocurrencia es de significativa relevancia porque dejó al desnudo una peligrosa realidad.
En el afán de construir el binomio ejército-pueblo, parece que el ejército olvidó su esencia y ante los ojos de cualquier analista en la materia, por poco preparado e inteligente que sea, queda claro que nuestro país es absolutamente vulnerable ante una amenaza militar. El discurso oficial y la omisión en acción para dar una solución inmediata y temporal hablan por sí solos. Ese Ejército, que se rasgó las vestiduras gritando patria, socialismo o muerte, no tiene la capacidad o la preparación para reponer un solo puente destruido y por tanto la fuerza de choque de sus tanques de guerra quedaría inmovilizada con solo derribar un puente en su ruta de avance. Imaginemos la tragedia que viviría el país si se concretara una de nuestras amenazas en la región suramericana y preguntémonos donde podría quedar nuestra soberanía, nuestra integridad territorial y cuál sería el bochorno al que nos veríamos sometidos ante la pérdida en una confrontación por intereses de vieja data. No contemos las bajas, porque en este caso hasta nos podrían derrotar sin dar batalla.
Dirijo mi mensaje de cierre a quienes tienen responsabilidades de ejecución, de investigación o de verificación y control en sistemas o procesos que podrían derivar en tragedia: Ustedes tienen la opción de actuar con honestidad y con dignidad para defender los intereses de la gente, y en estos casos estamos hablando de sus vidas, a veces sostener esa posición conlleva la renuncia o el despido honroso; también tienen la opción de sumarse a la solidaridad cómplice entre camaradas revolucionarios o, como me diría una vez uno de Ustedes, “entre bomberos no nos pisamos la manguera”, si deciden por esta opción, rueguen a Dios porque la próxima tragedia no los toque a ustedes o a su familia porque estas tragedias no discriminan. Probablemente Dios les perdone, pero no sé si los familiares de las víctimas podrán perdonarles.
A mi entender, las tragedias y los hechos ocurridos hasta ahora demuestran que para la revolución las muertes ocurridas son sólo un accidente en la construcción de su ansiada patria nueva y no un delito con responsables: ¿Esperamos por el próximo?
Guaicaipuro Lameda Montero.
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