ESTADO BLOQUEADO
ROCÍO SAN MIGUEL
Regresé ayer del estado Táchira, un estado que está siendo sometido a un brutal aplastamiento. De un lado las fuerzas del crimen organizado con vínculos con miembros de los cuerpos de seguridad del Estado y de la Fuerza Armada Nacional, como fue denunciado por decenas de ciudadanos en San Cristóbal y San Antonio. Del otro “el terrorismo de Estado” en marcha contra este pueblo andino expuesto al arbitrio de la autoridad nacional que discrecionalmente ha establecido la suspensión permanente de derechos humanos garantizados en la Constitución.
En el estado Táchira el derecho a la vida; a la integridad personal; a la seguridad; a la propiedad; al comercio; a la circulación y a la presunción de inocencia se encuentran confiscados: La vida y la integridad personal están en manos de los sicarios con total impunidad, al igual que la seguridad. El concepto de propiedad no existe en términos absolutos. Todo el Estado Táchira ha sido declarado de utilidad pública de acuerdo a la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. En efecto 31 zonas de este tipo en vigor han sido dictadas y abarcan el 100 %/ de su territorio. El comercio encuentra la aplicación arbitraria de medidas del Estado para sustraer mercancías a comerciantes y ciudadanos, que ocurre por distintas vías de policía administrativa o del pago de la vacuna.
Lo más reciente, es el modo brutal y ya descarnado, sin pudor alguno, como se ha iniciado la permanente suspensión del derecho de tránsito en libertad y del derecho a la presunción de inocencia con el proceso “automatizado de llenado de gasolina”, una frase muy técnica que encubre un mecanismo de apartheid dirigido contra una parte de la población venezolana, con la utilización de un dispositivo electrónico colocado en el parabrisas de sus vehículos a modo de brazalete electrónico con el que se vigila a delincuentes en muchos países del mundo, a partir del reconocimiento abierto por parte del Estado de suponer a todos los tachirenses contrabandistas de gasolina.
¿Por qué un ciudadano del Táchira no puede llenar el tanque de combustible de su vehículo en las condiciones de libertad que ejercitan los ciudadanos del resto de Venezuela? Es claro: El gobierno nacional está violando el principio de presunción de inocencia, al suponer que todos y cada uno de los ciudadanos de este Estado son contrabandistas.
Mientras tanto 88 unidades de la guardia nacional emplazadas en el estado no pueden impedir el tráfico de combustible, tampoco la II División del Ejército y las dos brigadas que operan en este estado con recursos humanos y nuevas adquisiciones de material de guerra que parecen apuntar hacia otro lado.
Tal Cual , 8/9/2011, Politica, Pag 5.