Golpes bajos
Jesús Elorza
El perfil autoritario e intervencionista del gobierno de Hugo Chávez en materia deportiva, comienza a mostrarse con la firma del Convenio con Cuba que implicó la traída al país de más de 10.000 entrenadores deportivos. A partir de ese momento, se desarrolla una intolerancia ideológica del régimen en el sector deportivo.
Se produce el asalto al Comité Olímpico y a las Federaciones Deportivas.
Para continuar con el despojo de las instalaciones deportivas a los gobiernos regionales de Zulia y Táchira. La suspensión de los Juegos Nacionales 2009, por el solo hecho de corresponder su organización al estado Miranda y la Alcaldía de Caracas.
La etapa final del proceso está contenida en el Proyecto de Ley Orgánica de la Actividad Física y el Deporte, que brinda un marco legal a todas sus arbitrariedades y somete al sector deportivo a un régimen autocrático, centralista, antidemocrático y totalitario. Los principios rectores del referido texto jurídico son: El dogma, según el cual el Estado Revolucionario debe controlar todos los aspectos de la vida ciudadana.
Eliminando de hecho, los derechos a la libre asociación, la autonomía de las organizaciones, la libertad de empresa y la propiedad privada.
La incorporación de la “Ética Socialista” como uno de los principios fundamentales para la promoción, organización y administración del deporte, la actividad física y la educación física. Principio anticonstitucional porque pretende promover a través del deporte un sistema social no contemplado en nuestra Carta Magna.
Acabar con la descentralización del sector. El deporte será centralizado y dirigido únicamente por el “Sistema Nacional de la Actividad Física y Deportiva”.
La modificación estructural de la Organización Deportiva Nacional al establecer como Unidad Básica del Sistema a los Comités de Deporte y Recreación de los Consejos Comunales. Lo que va a permitir el control de las asociaciones y Federaciones.
Transferir a los Consejos Comunales la administración directa del servicio público deportivo prestado por los municipios y los estados. Lo que significaría en la práctica la liquidación de los Institutos o Fundaciones que a nivel regional y municipal son los encargados de dirigir las actividades deportivas.
Exclusión: el Estado se reserva de manera absoluta todo lo concerniente a la planificación Deportiva.
El derecho de los atletas a elegir y ser electos como miembros de las juntas directivas y consejos contralores de las organizaciones sociales promotoras del deporte asociativo. Lo que traería graves consecuencias en el concierto internacional de las federaciones deportivas. El derecho al voto lo colocan sin fundamento legal alguno en los quince años y agregan que para los menores a esa edad, el derecho es ¡ntransferible a los padres y representantes! El Fondo Nacional para el Desarrollo del Deporte será una estructura centralizada y los recursos estarán destinados a fortalecer el trabajo de las organizaciones del Poder Popular.
Parafraseando el argot boxístico, se puede decir que este proyecto de Ley representa una andanada de “golpes bajos” contra el deporte venezolano.
Tal Cual 15/6/2011