La Mesa de la Unidad advierte que se limitará la investigación
Gobierno administrará aportes de empresas a ciencia y tecnología
La reforma elimina la posibilidad de usar recursos para financiar programas propios y de terceros
ALEJANDRO HINDS CARLOS CRESPO
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Advierten que la modificación legal elimina la posibilidad de la investigación libre
La reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación cuya segunda discusión se realiza en la Asamblea Nacional establece que el aporte obligatorio de las empresas en esta materia será administrado por el Gobierno.
La legislación vigente indica que las compañías, en vez de darle los recursos al Fondo Nacional para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, pueden usarlos para financiar programas internos de capacitación o proyectos de investigación de terceros (fundaciones, universidades, entre otras).
La modificación legal elimina esa posibilidad, al obligar a las empresas a entregar el dinero al ente gubernamental. “Todos los aportes deberán ser consignados ante el órgano financiero de los fondos destinados a ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones”, dice el artículo 23.
El Fonacit, además de recaudar los recursos, se encargará de canalizarlos hacia las actividades científicas y tecnológicas que se correspondan con las prioridades del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología y con los objetivos del Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013.
“La reforma burocratiza el acceso a los fondos para investigación, porque los sujetos aportantes (empresas) no podrán usar el dinero para capacitar personal o financiar investigaciones sino que se lo darán al Estado”, dice Miguel Mónaco, abogado y profesor de Derecho Público.
Agrega que la modificación legal elimina la posibilidad de la investigación libre. “El Fonacit decidirá la asignación del financiamiento de acuerdo con planes que, por naturaleza, son políticos. Eso ata el conocimiento científico a un determinado programa de gobierno”.
Enrique Rubio, presidente de la consultora Artes Gerenciales, señala que la reforma cambia la esencia de la ley. “La idea era que las empresas invirtieran en investigaciones científicas relacionadas con su actividad. Ahora el dinero, como será asignado por el Estado, puede utilizarse en otras áreas”.
Más aportes. Además de cambiar las condiciones para la recaudación y la distribución de los fondos, la modificación de la Locti que se discute en la Asamblea propone incrementar el monto que deben aportar algunas empresas.
El artículo 26 precisa que las actividades económicas establecidas en la Ley para el Control de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, así como aquellas vinculadas con la industria y el comercio de licores y tabaco, deberán contribuir al Fonacit con 2% de los ingresos brutos.
Mónaco advierte que el cambio diferencia de manera injustificada a licoreras y tabaqueras. “Estas compañías, por las condiciones de su negocio, ya están sometidas a un régimen tributario diferente al del resto, no tienes porque discriminarlas en esta ley”.
Agrega que, al decir todas aquellas vinculadas con la industria y el comercio de licores y tabaco, la tasa de 2% también puede aplicarse a establecimientos como supermercados, que deberían pagar la contribución de 0,5% fijada para el resto de las empresas.
El abogado también cuestionó que se convierta el aporte a ciencia y tecnología en un impuesto y que se pretenda aplicar la modificación de los montos de manera retroactiva. “Las disposiciones finales establecen que las empresas deberán empezar a pagar el nuevo monto en enero, lo cual implica una carga sobre los ingresos brutos de este año (base de cálculo para el aporte al Fonacit)”.
“Ley inconstitucional”. El equipo técnico que asesora a la Mesa de la Unidad Democrática asegura que el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación es violatorio de la Constitución y de las leyes.
Los académicos alertaron que, de aprobarse la normativa, se causará un “grave daño” a la producción de conocimiento en el país y denuncian que no hubo consulta con las organizaciones científicas y tecnológicas. “El proyecto dista mucho del aprobado en primera discusión en enero”.
Entre las objeciones que plantearon al contenido de la reforma están que se señala como beneficiario de los fondos para investigación a la comuna, “figura o forma de agrupación que no está en la Constitución ni en las leyes”.
También critican que eliminen los principios de ética, probidad y buena fe, consagrados en el artículo 110 de la Constitución; supriman los principios éticos y ambientales en el desarrollo de la actividad científica y descarten la creación de comisión multidisciplinarias de bioética y biodiversidad. “Al definir las actividades que podrán ser beneficiarias de aportes se omite el término empresa, cuando la Constitución establece la corresponsabilidad entre el Estado y el sector privado para contribuir en el desarrollo científico, tecnológico, de innovación y sus aplicaciones en el país”, agregan.”
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