FRANCISCO LAYRISSE
Qué difícil debe ser para los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia el poder administrar la misma, qué difícil interpretar los mandatos constitucionales cuando las violaciones provienen del Poder Ejecutivo. Los magistrados hacen malabarismos legales para satisfacer los hechos cumplidos por el Ejecutivo nacional.
La expropiación de Sidetur, empresa filial del grupo Sivensa, pareciera presentar nuevamente otra arbitrariedad, otra violación de las leyes por parte del gobierno bolivariano. Los representantes legales de la empresa han declarado a los medios de comunicación social su decisión de recurrir a los tribunales competentes en oposición a la medida expropiatoria.
El gobierno invoca la violación a la regulación de precios sobre las cabillas y por su parte la empresa alega el estricto cumplimiento a las leyes y decretos vigentes en nuestro país. De igual manera y al igual que en otros casos se señala el maltrato a los obreros de dicha empresa, se falsea la realidad al decir que este grupo compra acero producido por el gobierno nacional para revenderlo haciendo ganancias especulativas.
El grupo Sivensa representa uno de los grupos económicos de mayor compromiso con el desarrollo económico del país, se ha distinguido a lo largo de sus más de 60 años de existencia por su vocación industrial, por su compromiso social con sus trabajadores, por su probidad administrativa, por su cumplimiento estricto de las normas vigentes donde le ha tocado desempeñarse.
Las medidas de expropiación, en primer término de sus empresas briqueteadoras de hierro reducido, ya hace más de un año y ahora esta expropiación de sus empresas productoras de acero terminado para la industria de la construcción no pueden ser interpretadas como una penalidad por una falta de dicho grupo. La misma es una expresión más del llamado “atrasismo” de pensamiento marxista que gobierna el país.
Justificar esta expropiación en violaciones a las normativas legales deberá ser respondida por los tribunales competentes en un plazo perentorio, el retraso procesal constituye una forma de denegación de justicia.
Los magistrados deberán encontrar méritos en los alegatos del Ejecutivo nacional para poder avalar tan desmesurado acto.
De todas las actividades de inversión, la industrial es la que requiere de las reglas más claras y permanentes, que le permitan al inversionista industrial acumular el tiempo para lograr una adecuada compensación a su proyecto. Las inversiones en otras áreas del quehacer económico disponen de un mayor margen de maniobra para realizar los rendimientos esperados.
El socialismo del siglo XXI está condenando al país a disponer de un solo inversionista, de un solo propietario, el Estado. El crecimiento sin límites del Estado ineficiente, burocrático, llevará al país por el mismo camino de destrucción de la economía cubana, de la economía del “atrasismo” marxista.
El proyecto de demolición está en marcha, lo que se no pudo lograr por medios electorales se intenta hacerlo por la vía del ejercicio arbitrario del poder.
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